Gobierno y Consejo de Transición apuestan por elecciones pese a crisis de seguridad.
Con miras a unas posibles elecciones generales en noviembre, la Oficina Nacional de Identificación de Haití (ONI) ha confirmado que casi 6.3 millones de ciudadanos ya poseen la tarjeta nacional de identificación, un requisito indispensable para participar en los comicios.
El indicado número representa aproximadamente el 85% del censo electoral, que actualmente asciende a 7.4 millones de personas, según datos del diario digital Haití Libre y recoge Prensa Latina.
Este avance en la emisión de documentos de identidad es visto por las autoridades como un paso crucial para la celebración de las dos consultas populares previstas: las elecciones generales y un referéndum constitucional.
Aunque el referéndum estaba originalmente programado para mayo, la extrema inseguridad que azota al país obligó a su suspensión, un obstáculo que sigue generando dudas en la población y en diversos sectores políticos.
A pesar de la precaria situación, el gobierno y el Consejo Presidencial de Transición mantienen el optimismo. El primer ministro, Alix Didier, ha incluido en el presupuesto 2025-2026 una partida de 67.5 millones de dólares destinada a financiar ambos procesos electorales, una cifra que refleja el firme compromiso de las autoridades con el restablecimiento del orden constitucional.
Para verificar la disponibilidad del material electoral, Didier, acompañado por miembros del Consejo Electoral Provisional, realizó recientemente una visita técnica al centro de almacenamiento. Allí, constataron que el equipamiento necesario está listo.
De acuerdo con Haití Libre, ya hay más de 15,000 tabletas digitales preparadas para el registro de votantes y nueve contenedores con documentos clasificados por departamento, listos para ser distribuidos.
Gran parte de este material, que incluye urnas, cabinas, lámparas y tinta indeleble, fue adquirido en 2021. Este hecho subraya que la aspiración de celebrar elecciones no es nueva, sino que ha sido pospuesta en múltiples ocasiones debido a la inestabilidad.
Las autoridades han reafirmado su intención de garantizar un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo. Sin embargo, la confianza en que el Consejo Presidencial de Transición logre arrebatar el poder a las pandillas es escasa.
Estos grupos criminales han extendido su control a más del 85% de Puerto Príncipe, y su influencia representa el principal desafío para cualquier intento de normalización democrática.
