Abogados de querellantes afirman que los pagos a sus clientes fueron legales.
Santo Domingo.— El caso Calamar, uno de los juicios por corrupción más sonados del país, parece estar desmoronándose ante los ojos del tribunal, esto según se indica en un comunicado enviado a DiariodigitalRD.
Precisan que durante la caótica y extensa jornada del viernes, los propios abogados de los querellantes, en un giro sorprendente, contradijeron abiertamente la tesis del Ministerio Público, asegurando que los pagos a los afectados fueron realizados de forma legal y sin ningún desfalco.
La sesión inició con la exposición del abogado querellante Pablo Castillo. Sin embargo, el protagonismo recayó en Ángel Lockward, uno de los acusados. En su intervención, Lockward no solo negó haber conocido a los exfuncionarios Gonzalo Castillo, Ramón Peralta y Donald Guerrero, sino que además afirmó haber financiado únicamente la campaña del actual presidente Luis Abinader.
De acuerdo a la comunicación los argumentos de Lockward fueron tan contundentes que el propio Pablo Castillo decidió retirar en ese momento la querella contra este acusado y contra el exministro Donald Guerrero.
Anaden que la defensa de los acusados recibió un espaldarazo inesperado cuando otros abogados querellantes se sumaron a la nueva versión de los hechos. Al analizar los pagos de terrenos expropiados en la zona del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), los representantes de las familias propietarias coincidieron en que los desembolsos se hicieron "conforme a derecho".
El abogado Moisés Sánchez fue más allá, señalando que si hubo engaño, provino de Fernando Crisóstomo, a quien calificó como "el villano favorito del MP" por haber recibido un acuerdo de criterio de oportunidad.
Esta posición unificada llevó a un desistimiento masivo de querellas contra Donald Guerrero. Abogados como Moisés Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura y Navarro Rossis, entre otros, argumentaron que las pruebas demuestran que el Ministerio de Hacienda cumplió con sentencias de pago y que no se encontró complicidad alguna con los exfuncionarios.
La situación se complicó aún más cuando el tribunal validó los desistimientos presentados desde diciembre pasado por los representantes de la familia Reyes. Aunque sus exposiciones se pospusieron, la decisión de los jueces de aceptar la renuncia a las acusaciones contra Lockward deja en evidencia la debilidad de la acusación en este punto.
Se informó que el juicio continuará el próximo jueves con nuevas exposiciones. Sin embargo, la divergencia de criterios entre los querellantes, que buscan el pago de los saldos pendientes y niegan el desfalco, y el Ministerio Público, que insiste en el fraude y se opone a cualquier pago, crea un choque legal difícil de resolver.
Como señaló la abogada Ingrid Hidalgo, esta contradicción es un "imposible" jurídico, un dilema que la jueza Altagracia Ramírez ha dejado pendiente de decisión, dejando el futuro del mediático caso en el aire.
