La auditoría de la Cámara de Cuentas revela la falta de información financiera en la obra.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) han vuelto a la carga con un caso que parecía olvidado. Tras la publicación de una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre Punta Catalina, ambas organizaciones solicitaron al Ministerio Público investigar los contratos de Stanley Consultants y Manatt, Phelps & Philips, LLP, firmados por el Ministerio de Energía y Minas en 2021.
La nueva solicitud se basa en un dato alarmante: la auditoría no pudo obtener ninguna información financiera de Punta Catalina correspondiente al período entre agosto de 2020 y diciembre de 2021. La Cámara de Cuentas ha confirmado que, a pesar de sus reiterados requerimientos, no se recibieron ni los datos ni los soportes de ese lapso de tiempo.
El CNLCC y el INSAPROMA ya habían denunciado estos contratos el 12 de enero de 2021, señalando que el entonces ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, había contratado "de manera subrepticia e ilegal" a las mismas empresas que supuestamente amañaron la licitación de Punta Catalina a favor de Odebrecht.
En aquel momento, la denuncia fue desestimada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que negaron la existencia de los contratos.
Un "hoyo negro" en las finanzas de la obra
Las organizaciones explican que la falta de registros financieros en ese período es la razón por la que sus denuncias de 2021 no pudieron ser probadas. "Se entiende por qué no se encontraron evidencias de esta contratación aunque se produjera", afirmaron, señalando que los "contratos vergonzosos e ilegales quedaron ocultos en el hoyo negro" que la auditoría de la Cámara de Cuentas ha sacado a la luz.
Las organizaciones defienden que su denuncia original era "absolutamente verdadera" y que si no se pudo demostrar en ese momento fue porque la administración ocultó los contratos y los gastos, así como "muchos otros gastos efectuados de manera ilegal".
Según la auditoría, Stanley Consultants y Manatt fueron citadas por graves irregularidades, como extensiones de contratos por más del 50% de su valor inicial y por no estar registradas como proveedores del Estado.
La Cámara de Cuentas también se alarmó al constatar que, en 2021, Punta Catalina aún figuraba como una obra en construcción, a pesar de estar terminada y operando desde abril de 2020.
La auditoría encontró, además, valores no validados por más de RD21 mil millones (US443 millones), lo que representa el 14% del gasto total en la planta.
La cifra total de la obra se estima en US$3,276 millones, un sobrecosto de US$1,245 millones sobre el precio fijo original. Las organizaciones advierten que este sobrecosto podría ser incluso mayor si se lograra auditar el período sin registros.