Procuraduría investigará presuntas irregularidades en fondos de salud y seguridad social
Santo Domingo.- El Gobierno dominicano puso en manos de la Procuraduría General de la República un informe que documenta posibles irregularidades en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) y en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Indica que la medida se enmarca dentro de la política oficial de transparencia y la anunciada línea de “cero impunidad” que impulsa la actual gestión.
La información fue ofrecida durante una rueda de prensa por la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), que explicó que el expediente reúne evidencias preliminares relacionadas con anomalías administrativas y operativas.
Según adelantaron, estas observaciones apuntan a un posible manejo inadecuado de recursos públicos y a fallas en la gestión de los servicios de salud que ofrecen ambas instituciones.
Transparencia bajo la lupa del Ministerio Público
Los representantes de DIECOM precisaron que la Procuraduría será la responsable de profundizar en las pesquisas, identificar responsabilidades y, en caso de confirmarse los hechos, someter a los implicados a la justicia.
“Nadie estará por encima de la ley”, aseguraron, dejando claro que este informe es apenas el inicio de un proceso que podría derivar en consecuencias legales serias.
De igual manera, insistieron en que la decisión responde al compromiso del presidente Luis Abinader de blindar la institucionalidad, cerrar espacios a la corrupción y garantizar que los fondos públicos destinados a la salud de millones de dominicanos se manejen con absoluta transparencia.
Señal de alerta para el sistema de salud
El anuncio genera especial interés porque tanto SISARIL como SENASA son pilares del sistema de salud y seguridad social. SISARIL regula el mercado de riesgos laborales y de seguros de salud, mientras que SENASA administra la cobertura médica de más de 7.5 millones de afiliados.
Aseguran que cualquier cuestionamiento sobre estas entidades tiene un impacto directo en la confianza ciudadana y en la estabilidad de un sector que maneja miles de millones de pesos cada año.
Al cerrar la rueda de prensa, los funcionarios reiteraron que el Gobierno no tolerará prácticas ilícitas en las instituciones encargadas de velar por la salud de la población. “La transparencia no es un discurso, es una obligación”, subrayaron.
Con este paso, el Ejecutivo busca marcar distancia frente a cualquier intento de encubrimiento y reforzar el mensaje de que la corrupción no quedará impune, aun cuando los señalamientos afecten a instituciones clave del Estado.
