La nueva barrera migratoria de EE. UU. para quienes solicitan la green card.
Un nuevo obstáculo se ha levantado en el complejo camino de la inmigración en Estados Unidos. Sin grandes anuncios, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha emitido un memorando de política que refuerza la ya conocida causal de inadmisibilidad por "carga pública".
En esencia, esta medida da a los funcionarios de inmigración una nueva directriz para aplicar con mayor rigor un criterio que podría negar la residencia permanente o la green card a cualquier persona que, a su juicio, pueda depender de la asistencia gubernamental para vivir.
La movida, una pieza más en el ajedrez de políticas restrictivas de la administración Trump, instruye a los oficiales a examinar con lupa un conjunto de factores antes de tomar una decisión.
De acuerdo al Nuevo Herald, a partir del 4 de septiembre, el foco estará puesto en la edad, la salud, la situación familiar, los recursos financieros, el nivel educativo y las habilidades laborales de cada solicitante.
La premisa del memorando es simple, pero con un impacto potencialmente devastador: un inmigrante puede ser considerado "carga pública" si existe una probabilidad de que, en el futuro, dependa principalmente de programas de ayuda social.
Pero el documento va más allá de un simple recordatorio. El corazón de este cambio reside en la revisión del Affidavit of Support (declaración jurada de manutención). Aunque este documento, firmado por un patrocinador, siempre ha sido un pilar en el proceso migratorio, el nuevo memorando ordena a los funcionarios ir más allá de la formalidad de su existencia.
As, ahora, USCIS deberá analizar si el patrocinador tiene la capacidad real y verificable para mantener económicamente al inmigrante. Esto podría convertirse en un punto de quiebre para muchas familias con ingresos ajustados o que dependen de patrocinadores con recursos limitados.
A partir del 4 de septiembre, el foco estará puesto en la edad, la salud, la situación familiar, los recursos financieros, el nivel educativo y las habilidades laborales de cada solicitante.
Este endurecimiento de la política migratoria no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia de la administración, que ha hecho del control del flujo migratorio una prioridad.
A lo largo de los años, se han promovido medidas para restringir el acceso a programas de salud, nutrición y asistencia económica a inmigrantes, vinculando directamente estos beneficios con su estatus legal.
El memorando recuerda, además, que el Affidavit of Support es legalmente exigible en tribunales federales, un aspecto que la administración subraya para desalentar a los inmigrantes de buscar apoyo público.
La guía de USCIS también insta a sus funcionarios a dar más peso a los factores negativos, como bajos ingresos, un historial de haber recibido beneficios públicos o problemas de salud sin seguro.
Aunque la agencia insiste en que la evaluación es individual y no depende de un solo factor, las señales son claras: se exigirá una evidencia más detallada sobre la situación financiera, el historial laboral y la cobertura médica.
Ante este panorama, los expertos recomiendan a los solicitantes de la green card tomar medidas proactivas: asegurarse de que su patrocinador tenga ingresos comprobables muy por encima de las pautas federales, presentar documentación adicional sobre empleo y estabilidad financiera, y, sobre todo, buscar asesoría legal para navegar este terreno más incierto.
En un contexto donde cada detalle cuenta, la preparación y la transparencia se convierten en la mejor herramienta para evitar que una solicitud sea denegada por esta nueva y más rigurosa interpretación de la norma.