Los imputados son acusados de estafar más de US$15 millones y 34 millones de pesos a más de 400 víctimas.
Santo Domingo.- El caso de Jairo Joel González Durán y sus socios llegó a una fase clave este jueves en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El Ministerio Público pidió condenas que oscilan entre 5 y 20 años de cárcel contra los acusados, señalados de haber tejido una de las estafas financieras más sonadas de los últimos años, que dejó un rastro de más de 400 víctimas y pérdidas millonarias.
Según la acusación, el grupo habría captado fondos mediante una oferta pública de valores sin la debida autorización, convenciendo a cientos de personas de invertir bajo la promesa de rendimientos seguros. El fraude se calcula en más de 15,8 millones de dólares, 34,2 millones de pesos y unos 3,3 millones en criptomonedas, específicamente en Tether (USDT).
La fiscalía sostiene que González y sus allegados montaron una fachada empresarial que aparentaba cumplir con la normativa, pero que en realidad operaba al margen de toda supervisión oficial. A través de plataformas digitales promocionaban el negocio, generando confianza entre las víctimas que entregaron sus ahorros creyendo que se trataba de un esquema sólido. Los fiscales aseguran que luego el dinero era desviado y ocultado mediante maniobras propias del lavado de activos.
La acusación incluye delitos de asociación de malhechores, estafa contra particulares, fraude electrónico y violaciones a las leyes de mercado de valores y de lavado de activos. Los imputados son Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
La petición más severa recayó sobre González Durán, para quien se solicitó una condena de 20 años de prisión, además del pago de 400 salarios mínimos, una multa adicional, la inhabilitación permanente para ejercer en el sector financiero y el decomiso de los bienes obtenidos ilícitamente.
Para Santos Rodríguez y González Espinal la solicitud fue de 10 años de cárcel, el pago de 200 salarios mínimos y la inhabilitación definitiva en el mercado financiero. En tanto, para González Rodríguez y Mejía Martínez se pidió una condena de 5 años, la misma multa y una prohibición de 10 años para ejercer funciones vinculadas al sector.
Entre los bienes que la Fiscalía busca confiscar figuran apartamentos en el Distrito Nacional y en Playa Nueva Romana, oficinas en el condominio Náutica Business Center y varios vehículos de lujo, entre ellos un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017.
El equipo acusador, integrado por los fiscales Pelagio Alcántara, Lewina Tavárez, Miguel Pichardo y Margaret Cabrera Morillo, insistió en que las pruebas demuestran más allá de toda duda razonable la responsabilidad de los procesados.
El juicio, iniciado el 28 de abril, continuará la próxima semana con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene firme su postura: que los acusados sean declarados culpables y que la justicia envíe un mensaje contundente frente a este tipo de fraudes que afectan la confianza en el sistema financiero.