La organización alerta sobre el grave deterioro del sector eléctrico dominicano, plagado de apagones y corrupción.
SANTO DOMINGO, RD — La crisis eléctrica en el país ha llegado a un punto de quiebre, y Participación Ciudadana levanta la voz para denunciar lo que muchos dominicanos ya sienten a diario: la ineficiencia, el derroche y la corrupción que han sumido al sector en un círculo vicioso de apagones y pérdidas millonarias.
La organización, capítulo local de Transparencia Internacional, ha señalado que, a pesar de las promesas de las autoridades, el problema lejos de resolverse, se ha agravado.
Con un verano que se ha convertido en una pesadilla de hasta 12 horas diarias sin luz, las familias y los pequeños comercios han sufrido un golpe devastador denuncia PC.
Mientras la ciudadanía padece, las cifras oficiales revelan un panorama desolador: de enero a agosto de 2025, el gobierno destinó más de RD$62,000 millones en subsidios eléctricos, una cifra que representa el 60% de todos los subsidios estatales. Para ponerlo en perspectiva, este monto supera las inversiones en salud y programas sociales.
Indica que a pesar de esta inmensa inyección de dinero público, las pérdidas de energía no han hecho más que crecer, pasando de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025. Esto significa que, por cada 100 pesos invertidos, casi 38 se evaporan debido a fraudes, conexiones ilegales y la deficiente infraestructura.
La raíz del problema, según Participación Ciudadana, es una crisis estructural. No es solo una falla técnica o financiera. A septiembre de 2024, se reportaron más de 800,000 conexiones ilegales, un número que aunque descendió a 650,000 para agosto de 2025, sigue siendo alarmante.
Pero la denuncia va más allá. La organización ha señalado que el problema no es solo el robo a pequeña escala, sino la existencia de "mafias de funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para tales fines" que han sustraído miles de millones de pesos. Estas redes son las verdaderas responsables de que el país siga sufriendo apagones y la economía siga perdiendo dinero.
La persistencia de esta crisis se debe, además, a la incapacidad de las empresas distribuidoras (EDES) para facturar correctamente y a una flagrante falta de transparencia. Por ello, Participación Ciudadana advierte sobre el reciente Decreto 517-25, que declara en emergencia al sector. La organización teme que, sin controles estrictos y una fiscalización independiente, esta medida se convierta en otro canal para el despilfarro y la corrupción, como ya ha ocurrido en el pasado con otras compras de urgencia.
En su comunicado, Participación Ciudadana exige medidas urgentes: transparentar las EDES, despolitizar el sector, realizar auditorías independientes, revisar los subsidios para que lleguen a los hogares vulnerables, crear un plan efectivo de reducción de pérdidas y, sobre todo, llevar ante la justicia a los responsables del fraude eléctrico.
La organización reafirma su compromiso con la vigilancia cívica y el uso ético de los recursos públicos, en busca de un sector eléctrico que sirva a la ciudadanía y no a intereses ocultos.
