El Estado dominicano exigirá a sus contratistas el cumplimiento de derechos laborales y sociales.
SANTO DOMINGO — El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) han dado un paso decisivo para asegurar que los contratos del Estado no se conviertan en caldo de cultivo para la precariedad laboral. A través de una circular conjunta, han dejado claro a todas las instituciones del gobierno que, a partir de ahora, los proveedores tendrán la obligación estricta de cumplir con todas las normas laborales y de seguridad social.
Firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, la normativa establece que el respeto a los derechos de los trabajadores es un principio fundamental para cualquier empresa que quiera hacer negocios con el Estado.
Este movimiento, según los firmantes, no solo busca garantizar el trabajo decente, sino que también refuerza la transparencia y la integridad en las contrataciones públicas.
La circular instruye a las instituciones gubernamentales a supervisar activamente que los contratistas cumplan con sus obligaciones, desde la inscripción en la seguridad social y las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, hasta la proporción legal del 80% de trabajadores dominicanos en su nómina.
Además, se recomienda que los contratos incluyan cláusulas que permitan su terminación unilateral si se comprueba el incumplimiento de estas normas, algo que se validará con certificaciones del Ministerio de Trabajo o la Tesorería de la Seguridad Social.
Para el ministro Olivares, esta es una “gran alianza por la ética”, un pacto que no solo hará más transparente la contratación pública, sino que también fomentará una cultura de respeto a los derechos laborales.
Olivares recalcó que esta medida garantiza que los fondos públicos se utilicen para algo más que obras y servicios; se usarán como una herramienta para promover la formalización del empleo.
“Con esta circular, enviamos el mensaje claro de que en la República Dominicana no habrá espacio para la precarización laboral en proyectos financiados con fondos públicos”, afirmó.
Por su parte, Carlos Pimentel Florenzán destacó que la DGCP ya ha comenzado a integrar estos requisitos en los modelos de sus pliegos de condiciones, incluyendo no solo el cumplimiento laboral y de seguridad, sino también la inclusión de personas con discapacidad.
El acuerdo interinstitucional permitirá una supervisión más profunda, capacitación y apoyo a los proveedores para asegurar el cumplimiento total de la normativa.
Esta nueva directriz es una señal del gobierno para sanear las contrataciones públicas. No se trata solo de un formalismo, sino de una política que busca asegurar el bienestar de los trabajadores y garantizar que el desarrollo del país sea inclusivo y sostenible. Las empresas que busquen crecer con el Estado, ahora deberán hacerlo con responsabilidad social.
