La empresa Subo SRL deberá indemnizar con más de 19 millones de pesos a varias familias.
SANTO DOMINGO, RD — La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha emitido un fallo contundente que sienta un precedente en la defensa de los consumidores. La constructora Subo SRL ha sido condenada a pagar RD$19,336,000 a un grupo de familias por los severos daños materiales y morales causados por la venta de apartamentos con graves vicios de construcción.
El veredicto llega después de una prolongada batalla legal iniciada por los afectados: Celestina del Villar, Orbinelis Montero, Mayra Romero, Emilio Torres y Florangel Mota Ureña. A través de sus abogados, Luis Méndez Novas y Víctor Rafael Guillermo, interpusieron una demanda por daños y perjuicios que finalmente ha prosperado en las cortes.
En su sentencia, los jueces Víctor Manuel Peña Féliz, Miguelina Ureña Núñez y José Reynaldo Ferreira Jimeno fueron categóricos. Señalaron que, por ley, la constructora tenía la obligación de garantizar a los compradores el disfrute pleno de los inmuebles. Al no hacerlo, incurrió en una falta grave, ofreciendo viviendas que no cumplían con los estándares mínimos de seguridad y habitabilidad.
El tribunal reconoció el profundo perjuicio que sufrieron los demandantes: la angustia, la incomodidad y la impotencia de recibir un hogar que no era más que una estructura defectuosa. Este fallo valida el sufrimiento de estas familias, que a pesar de haber cumplido con su parte del contrato —pagando la totalidad del precio acordado— se encontraron atrapadas en una pesadilla.
La condena, documentada en las sentencias 026-02-2019-SCIV-01097 y 026-02-2025-SCIV-0046, no solo incluye la indemnización por daños, sino que también establece un interés mensual del 1.5% sobre la deuda, con el fin de asegurar el cumplimiento del fallo. A pesar de que la sentencia de 2025 fijó el monto final a pagar, la constructora se niega a honrar sus responsabilidades, lo que ha prolongado el calvario de estas familias.
Los demandantes habían adquirido estos apartamentos en 2014, a través de financiamiento bancario. A pesar de los defectos que les impedían habitar las viviendas, se vieron obligados a seguir pagando sus hipotecas, sumando un peso financiero insostenible a su ya precaria situación.
