Clausura preventiva busca garantizar que comercios cumplan normas y licencias antes de operar
El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) encendió las alarmas en el Gran Santo Domingo. La institución dispuso la clausura preventiva de varias naves industriales y plazas comerciales que operaban al margen de la ley, sin licencias de construcción ni certificaciones de inspección final, poniendo en entredicho la seguridad de miles de personas.
La decisión, ejecutada a través del Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, se apoya en el principio de autotutela administrativa, que faculta al Estado a actuar de inmediato frente a riesgos que amenacen la seguridad pública.
Según el comunicado oficial, estas medidas buscan salvaguardar la vida y el patrimonio de la ciudadanía, además de reforzar el orden legal en materia constructiva.
El Mived enfatizó que la medida es temporal y preventiva. Los responsables de las edificaciones clausuradas tendrán la oportunidad de ponerse al día con la normativa vigente. Solo después de regularizar su situación podrán reabrir sus puertas.
La ley como herramienta de protección ciudadana
El marco legal es claro. La Ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06) establecen que toda edificación requiere licencia de construcción e inspección final antes de ser ocupada.
Añade que saltarse estos pasos no solo constituye un ilícito administrativo, sino que también representa un peligro real: estructuras sin controles técnicos adecuados pueden convertirse en una amenaza para la vida y la integridad de quienes las habitan o visitan.
La propia Ley núm. 160-21, en su artículo 31, otorga al Mived el poder de regular, controlar y supervisar la actividad constructiva en todo el territorio nacional. Esto incluye adoptar medidas preventivas inmediatas cuando existan indicios de irregularidades, incluso sin necesidad de denuncia previa.
Seguridad primero, negocios después
El documento oficial advierte que los establecimientos paralizados no contaban con permisos esenciales ni certificaciones de inspección. En la práctica, esto significa que sus operaciones se sostenían sobre bases frágiles, sin que las autoridades pudieran garantizar que cumplían con los estándares mínimos de seguridad estructural.
“Ejecutar y operar edificaciones sin las inspecciones técnicas por etapas ni la certificación final no solo viola el régimen legal, también compromete la seguridad nacional”, señala el texto. El Mived insiste en que ninguna actividad económica puede estar por encima de la vida de las personas, y que el respeto a las normas es innegociable.
En lo inmediato, las empresas afectadas deberán acogerse al proceso de regularización. Mientras tanto, las puertas de esas naves y plazas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
