Piden prisión preventiva para hombre registró falsas defunciones en Salud Pública y la JCE para evadir deudas
SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, un hombre acusado de falsificar registros de defunción para perjudicar a personas con las que tenía conflictos económicos. Según la investigación, el acusado utilizó información falsa, documentos adulterados y médicos sin exequátur para declarar como muertas a al menos seis personas en las provincias de Valverde y Esperanza.
La audiencia, que se conocía este lunes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, fue aplazada para el viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana, tras una solicitud de la defensa.
Un esquema fraudulento para cobrarse deudas
La investigación reveló que Mendoza, arrestado en su vivienda en Mao durante un allanamiento, se dedicaba a una práctica alarmante: declarar fallecidas a personas vivas para perjudicarlas por deudas personales.
Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, logró registrar cinco defunciones completas en el Ministerio de Salud Pública y la Junta Central Electoral (JCE), mientras una sexta quedó registrada solo en Salud Pública. En todos los casos, fingió ser un familiar cercano —tío, primo o esposo— para que los registros no fueran cuestionados.
De acuerdo con el Ministerio Público, algunas víctimas eran beneficiarios de programas sociales del Estado que les otorgaban 2,100 pesos mensuales. Mendoza les prestaba montos que oscilaban entre 5,000 y 15,000 pesos, quedándose con sus tarjetas de asistencia social como garantía. Si no lograba recuperar el dinero, optaba por declarar muertos a los deudores, bloqueando así sus beneficios estatales y dejándolos en situación de abandono institucional.
Médicos sin licencia y registros falsos
Uno de los elementos más graves del caso es que los certificados de defunción fueron llenados por médicos pasantes sin exequátur, quienes firmaron los documentos sin verificar información o pedir evidencia del fallecimiento. Mendoza se presentaba en diferentes turnos en las Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Mao y Esperanza, escogiendo momentos con menor supervisión para ejecutar su plan.
El Ministerio Público señala que el acusado incluso simulaba crisis emocionales y llanto al momento de solicitar las actas, fingiendo dolor por la “pérdida” del familiar para evitar sospechas.
Falsedad, engaño y delitos múltiples
El caso, que podría sentar un precedente en el manejo delictivo de registros civiles, viola artículos del Código Penal dominicano relacionados con el uso y falsificación de documentos públicos, así como el artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, que tipifica la falsedad documental.
Debido a la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas, el Ministerio Público —representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero, delegada ante la JCE— solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja, bajo lo establecido por el artículo 369 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15.
“La reiteración de los hechos, el uso sistemático de documentos falsos, y la afectación directa a los sistemas de salud y registro civil justifican una investigación más profunda y técnica”, explicaron los fiscales.
Redes colaterales y apoyo de otras instituciones
La investigación cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y de la Dirección de Seguridad de la JCE, quienes están rastreando otros posibles casos similares, además de establecer si existieron cómplices en centros médicos u oficialías civiles.
Por el momento, Mendoza permanece detenido y se espera que la audiencia del viernes sea decisiva para determinar si el juez acoge la solicitud de prisión preventiva, considerada “la única medida proporcional” a la magnitud del delito, según el Ministerio Público.