Empresarios plantean un límite de seis años y pagos fraccionados de indemnización
La discusión sobre la cesantía volvió a ocupar titulares este lunes, cuando la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) convocó a la prensa para reiterar un mensaje que viene lanzando desde hace tiempo: es urgente revisar el régimen laboral dominicano y, en particular, actualizar la normativa sobre las indemnizaciones por despido.
El presidente de la entidad, Ángelo Viro, habló con tono firme. Dijo que el país no puede seguir postergando un debate que se ha vuelto un obstáculo para la creación de empleos formales. A su juicio, el estancamiento en la reforma al Código Laboral —que lleva más de tres años en conversaciones— responde en gran parte a la falta de consenso sobre la cesantía.
Viro dejó claro que la ANEIH no plantea eliminar derechos adquiridos. “No se trata de quitarle nada a nadie, sino de ajustar el sistema a la realidad actual del mercado laboral”, aseguró. La propuesta central es que a los nuevos trabajadores, contratados después de una eventual modificación legal, se les aplique un tope de seis años en el cálculo de la cesantía. El argumento es que hoy las relaciones laborales son más breves y la rotación de personal es mucho mayor que hace décadas.
Otro punto que la organización defiende es flexibilizar la forma de pago. Actualmente, las empresas están obligadas a cubrir la indemnización en un plazo máximo de 10 días. ANEIH sugiere extenderlo a 90, lo que permitiría a las compañías, especialmente a las pequeñas y medianas, manejar con menos presión financiera un gasto que en ocasiones resulta asfixiante.
La entidad empresarial también impulsa que el período de prueba para los nuevos empleados se amplíe de tres a seis meses. Según Viro, esto daría a los empleadores más tiempo para evaluar a su personal y, a la vez, ofrecería a los trabajadores una ventana mayor para demostrar sus capacidades.
El dirigente empresarial fue enfático al señalar que el esquema actual no beneficia ni a los emprendimientos que no logran superar el primer año ni a las empresas que enfrentan quiebra, pues se ven obligadas a endeudarse más para cumplir con las liquidaciones. “Un sistema así no incentiva la formalidad ni protege la productividad”, apuntó.
La propuesta de ANEIH no es aislada. Viro recordó que varias organizaciones del sector privado coinciden en la necesidad de un cambio, lo que debería allanar el camino hacia consensos más amplios. Sin embargo, reconoció que la resistencia de algunos sectores sindicales sigue siendo fuerte.
En ese sentido, lanzó un llamado directo: “No podemos seguir atrapados en una discusión eterna que no beneficia ni a los trabajadores ni a las empresas”. Y apeló a la responsabilidad de todos los actores: Gobierno, Congreso, sindicatos y empresarios.
“Modernizar el régimen de cesantía es clave para generar empleos, mantener la productividad y asegurar la competitividad de la República Dominicana. El país no puede esperar más”, concluyó Viro.
Con estas palabras, la ANEIH vuelve a colocar sobre la mesa un debate que, pese a los años, sigue sin resolverse: cómo equilibrar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas en un mercado laboral en constante transformación.
