"La Diva" y su banda enfrentan un año de prisión por microtráfico y lavado de activos
Una jueza de la provincia María Trinidad Sánchez ha dictado un año de prisión preventiva contra nueve personas, presuntos miembros de una red de microtráfico y lavado de activos que operaba en Nagua y Cabrera.
El caso, liderado por Soleny Amparo Rondón, conocida como "la Diva" o "la Doña", también ha sido declarado como complejo, lo que permitirá a los fiscales del Ministerio Público profundizar en la investigación.
La decisión fue tomada por la jueza Martha Mireya Indhira Javier Cedano, quien aceptó la solicitud del Ministerio Público. Los imputados, además de Rondón, son: Edwin Alfredo Santos Mapello, Esmailyn Marte González, Jandrier Carolina Antonia Wazar De Mazerolle, Roberto Amparo Paredes, Rhonny Alvarado Martínez, Ludenys Batista Javier, Kelvin Manuel López Bruno y Yan Carlos Almonte Reyes.
Según la solicitud de medida de coerción, esta es una estructura criminal compleja, jerarquizada y de carácter transnacional. Su actividad principal no solo era el narcotráfico y el microtráfico, sino también la posesión de armas de alto calibre y el lavado de dinero.
El Ministerio Público sostiene que la banda tenía su base de operaciones en Cabrera, pero con ramificaciones en zonas aledañas y conexiones a nivel nacional.
La investigación también reveló que la red se dedicaba a la intimidación sistemática de terceros. La cabecilla, Soleny Amparo Rondón, tiene un historial de procesos judiciales por violación a la ley de drogas y la de porte de armas, lo que evidencia su capacidad de control sobre la estructura criminal.
La mayoría de los acusados ya han tenido problemas con la justicia por delitos similares. Edwin Alfredo Santos Mapello, Esmailyn Marte González, Roberto Amparo Paredes, Rhonny Alvarado Martínez y Yan Carlos Almonte Reyes enfrentaron o tienen procesos abiertos por tráfico de drogas.
Los arrestos se llevaron a cabo en un operativo conjunto de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Policía Nacional y la DNCD.
Este caso demuestra la capacidad de las autoridades para desarticular redes criminales que no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también contaminan la economía con dinero ilícito.
La prisión preventiva por un año es un paso crucial para que los fiscales puedan construir un caso sólido y llevar a los responsables ante la justicia.
