Una pareja fue arrestada tras cuatro allanamientos en San Pedro y San Juan
La mano de la justicia ha comenzado a cerrar el cerco sobre una red criminal que, con una audacia digital, logró desfalcar a una entidad bancaria con una cifra que supera los once millones de pesos. El Ministerio Público, en una operación coordinada y precisa, ha solicitado la imposición de prisión preventiva contra una mujer y un hombre, identificados como parte de esta estructura.
Los imputados, Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, fueron arrestados en el marco de un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
La operación, que se llevó a cabo de manera simultánea en cuatro allanamientos en distintos puntos de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, puso fin a las andanzas de esta pareja.
El despliegue de las fiscales Lewina Tavárez Gil y Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo crucial del Dintel de la Policía Nacional, demuestra la seriedad con la que las autoridades se han tomado este caso.
Según el expediente, la red criminal, que operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, se dedicó a vulnerar la red digital y financiera de un banco, logrando sustraer la suma de RD$11,131,200.00. El Ministerio Público no cita el nombre del banco afectado.
La forma en que operaban aún es parte de la investigación, pero el Ministerio Público sostiene que se trata de una organización altamente estructurada, con otros individuos aún prófugos.
El caso ha sido presentado ante el Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo de la jueza Fátima Veloz Suárez. La magistrada, en un movimiento que busca garantizar el derecho a la defensa, aplazó la audiencia para este domingo 7 de septiembre de 2025, a fin de que los abogados de los imputados puedan presentar los presupuestos de arraigo necesarios.
Las acusaciones contra Peguero Sánchez y Jacobo son graves y multifacéticas. El órgano persecutor les imputa violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El abanico de cargos demuestra la complejidad del caso y la severidad con la que el Ministerio Público busca enjuiciarlos.
La solicitud de prisión preventiva, una medida de coerción extrema, se justifica, según el Ministerio Público, para garantizar la correcta continuación del proceso, salvaguardar la integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados, mientras las pesquisas continúan su curso.
La justicia no quiere dejar cabos sueltos ni dar espacio a la fuga de otros posibles implicados.
