Organizaciones de DD.HH. condenan el ataque contra la embarcación venezolana.
Una estela de incertidumbre y muerte ha quedado en las aguas del Caribe. Lo que parecía ser una lancha de civiles, una pequeña embarcación que había zarpado desde San Juan de Unare, en el noreste de Venezuela, en dirección a la vecina Trinidad y Tobago, fue abatida por un misil. A bordo, según reportes de medios locales, iban varios pobladores, todos ahora desaparecidos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha alzado la voz, condenando sin titubeos el ataque que, según se ha confirmado, fue perpetrado por la Armada de Estados Unidos y resultó en la muerte de sus 11 ocupantes.
“Las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas”, declaró de forma contundente Ravina Shamdasani, portavoz de la Acnudh, en respuesta a una pregunta sobre la operación.
El ataque, que tuvo lugar el martes 2 de septiembre, fue anunciado y reivindicado por el propio presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense justificó la acción al afirmar que, "por órdenes mías, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque directo contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas del Tren de Aragua”.
Según Trump, la operación se realizó en "aguas internacionales", la lancha transportaba "narcóticos ilegales hacia Estados Unidos" y resultó en "11 terroristas muertos", sin que ningún soldado estadounidense resultara herido.
Tras el incidente, los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Peter Hegseth, ratificaron que este tipo de operaciones militares de intercepción y destrucción de embarcaciones con sustancias ilícitas continuarán.
Pero la versión de Washington ha sido duramente cuestionada. Desde su sede en Ginebra, la Acnudh fue enfática: es crucial que las acciones de los Estados en la lucha contra el narcotráfico respeten el derecho internacional de los derechos humanos.
“El uso intencional de la fuerza letal solo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida”, señaló Shamdasani, agregando que toda pérdida de vidas en una operación de este tipo debe ser investigada de manera "independiente, rápida y transparente".
La organización Amnistía Internacional (AI) también expresó su "profunda alarma", señalando que las circunstancias del incidente plantean "serias dudas" sobre su legalidad y el respeto al derecho internacional.
Daphne Eviatar, directora de Seguridad de AI en Estados Unidos, exigió que su país demuestre que el uso de fuerza letal fue estrictamente inevitable para proteger vidas.
La oenegé Oficina Latinoamericana en Washington (Wola) se unió a la crítica, señalando en X que el ataque corre el riesgo de "sentar un precedente peligroso: normalizar ejecuciones extrajudiciales".
El telón de fondo de este incidente es una confrontación geopolítica de larga data. Estados Unidos desplegó una flota aeronaval en el Caribe a finales de agosto con el objetivo declarado de combatir a organizaciones como el Tren de Aragua y el “Cartel de los Soles”, una denominación que alude a mandos militares venezolanos.
Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser el principal responsable del narcotráfico en la región y lo considera ilegítimo, lo que ha llevado a que las relaciones diplomáticas entre ambos países estén rotas desde 2019.
Maduro ha denunciado el despliegue de la flota como una nueva embestida contra su país, advirtiendo que, si Venezuela es atacada, pasará a una "lucha armada" y declarará “la república en armas”.
La tensión escaló un día antes del incidente con el bombardeo, cuando dos aviones militares venezolanos volaron cerca de uno de los navíos de guerra estadounidenses.
El Departamento de Defensa en Washington no tardó en enviar una advertencia contundente: "Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos".
La situación en el Caribe, con la presencia de la flota estadounidense, ha transformado la región en un punto de alta tensión. El combate al narcotráfico ha pasado de ser una operación policial a una de envergadura militar, con consecuencias mortales que ya están siendo cuestionadas por el mundo. Con datos de IPS.
