La declaración de González, se produce tras el despliegue de diez cazas F-35 en suelo puertorriqueño
El pulso geopolítico en el Caribe se ha intensificado, y Puerto Rico ha decidido alinearse de forma inequívoca con la estrategia de Washington. La gobernadora de la isla, Jenniffer González, se ha declarado “orgullosa” de que el territorio caribeño sirva de apoyo a los últimos movimientos militares de Estados Unidos, que buscan asestar un golpe decisivo a los cárteles de la droga en América Latina.
La declaración de González, difundida a través de sus redes sociales, se produce en el contexto de un aparente despliegue de diez cazas F-35 en suelo puertorriqueño, una muestra de fuerza que no ha pasado desapercibida en la región.
La gobernadora compartió una noticia de la cadena Fox News sobre el despliegue aéreo para expresar su total beneplácito. "Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe", escribió, dándole la bienvenida a la presencia militar.
Su respaldo no es una mera formalidad, sino que va acompañado de una justificación firme y directa. Según González, la inacción frente al tráfico de drogas tiene un costo humano y social demasiado alto.
"Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, han alentado los delitos violentos en nuestras calles y han puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de Estados Unidos", sentenció.
La postura de la gobernadora, aunque aplaudida por muchos, se enmarca en un escenario de alta tensión y controversia. El despliegue de los F-35 se suma a la ya anunciada presencia de varios buques de guerra en las aguas del Caribe.
Esta escalada ha tenido un episodio fatal esta misma semana, cuando las fuerzas estadounidenses, en un ataque sin precedentes, bombardearon y hundieron una supuesta “narcolancha”, una operación que dejó un saldo de once personas fallecidas.
La letalidad de la acción ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que han alertado sobre el riesgo de las "ejecuciones extrajudiciales" y han llamado a la transparencia.
El respaldo de Puerto Rico a esta política de mano dura es simbólico y estratégico. La isla, como estado libre asociado a Estados Unidos, se convierte en una base de operaciones crucial para la vigilancia y el control de las rutas de tráfico de drogas en el Caribe.
El uso de cazas de última generación como los F-35 no solo busca interceptar a los traficantes, sino también enviar un mensaje disuasorio a los carteles y a los gobiernos que, según Washington, les brindan apoyo.
La retórica de la gobernadora se alinea con la del presidente Donald Trump, quien ha calificado a los traficantes como "narcoterroristas" y ha acusado directamente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro de ser el principal responsable del flujo de estupefacientes en la región.
La operación, según la Casa Blanca, busca desmantelar a organizaciones como el “Cartel de los Soles” y el Tren de Aragua, que operan en Venezuela.
La decisión de la gobernadora González de apoyar abiertamente esta estrategia marca un punto de inflexión. Puerto Rico no solo es un territorio afectado por la crisis del narcotráfico, sino que ahora se posiciona como un actor activo y un pilar fundamental en la respuesta militar de Estados Unidos.
Un compromiso que, si bien puede traer seguridad, también arrastra consigo el riesgo de verse envuelto en una escalada de tensiones en una de las regiones más volátiles del hemisferio. El mar Caribe, históricamente un crisol de culturas y comercio, se convierte, al menos por ahora, en un tablero de ajedrez geopolítico.
