La ONG denuncia cuestiona su legalidad y exigen una investigación completa.
La polémica se desata en aguas del Caribe. Amnistía Internacional ha denunciado que el ataque lanzado por Estados Unidos contra una lancha, presuntamente vinculada al narcotráfico, sienta un precedente alarmante y peligroso.
La ONG ha expresado su "profunda alarma" ante el uso de la fuerza letal en este tipo de operaciones, señalando que el incidente deja "serias dudas" sobre su legalidad y el respeto a los derechos humanos, recoge Europa Press.
El ataque, que según fuentes oficiales de Washington, dejó un saldo de once muertos, tuvo como objetivo una embarcación que había zarpado de Venezuela y transportaba a miembros del cártel del Tren de Aragua. Sin embargo, para Amnistía, la presunción de un delito no justifica una respuesta tan contundente.
"El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación", sentenció Daphne Eviatar, directora de Amnistía para Estados Unidos. La organización insiste en que el derecho internacional es claro: el uso de la fuerza letal debe ser un último recurso, utilizado solo cuando es "completamente inevitable para proteger la vida" y siempre de forma "proporcionada".
El bombardeo de una lancha, sin una amenaza inminente para la vida de los agentes o de terceros, podría constituir una grave violación a este principio.
Este suceso, lejos de ser un simple golpe contra el narcotráfico, ha encendido las alarmas de la organización, que ve en él una "clara violación del derecho a la vida".
Amnistía Internacional ha hecho un llamado urgente al Gobierno de Donald Trump para que respete sus obligaciones internacionales en todo momento, sin excepciones.
La ONG no se ha quedado en la denuncia, sino que ha exigido una investigación "rápida, completa, independiente, imparcial y transparente" sobre el ataque.
sostiene que solo así se podrán determinar las circunstancias exactas del bombardeo y si se vulneraron los derechos de las personas que se encontraban a bordo.
La opacidad en este tipo de incidentes, advierten, no solo genera impunidad, sino que también erosiona la confianza en la justicia y el respeto por las normas que rigen la conducta de los Estados.
El precedente que se sienta podría tener ramificaciones graves, no solo en el Caribe, sino en cualquier operación global donde el gobierno estadounidense decida intervenir.
