Tras años de investigación, la justicia ratifica condena y decomiso de bienes millonarios.
Santo Domingo.- El Ministerio Público ejecutó este miércoles una orden de arresto contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, un paso definitivo en un caso que ha acaparado titulares y revelado la intrincada red de lavado de activos en la que, según la justicia, ella operaba. La detención se llevó a cabo en La Vega, y marca el inicio del cumplimiento de una sentencia de cinco años de prisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia.
La noticia, aunque no sorprende a quienes han seguido el proceso, pone fin a un largo camino judicial. La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público fue la encargada de ejecutar la orden. El proceso incluyó un allanamiento en la residencia de Pilarte en La Vega, tras el cual la exlegisladora se entregó a las autoridades.
Esta detención no es un hecho aislado. Se trata del desenlace de una batalla legal que culminó el 28 de mayo del año pasado, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia que, tras ser ratificada por el Pleno de la misma corte, adquirió el carácter de cosa irrevocablemente juzgada. Esta sentencia no solo condena a Pilarte a cinco años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Mujeres, en Santiago, sino que también autoriza al Estado dominicano a confiscar una vasta cantidad de bienes.
El decomiso de estos activos es uno de los puntos clave del caso. El Ministerio Público probó que los bienes, valorados en miles de millones de pesos, eran fruto de una operación de lavado de activos vinculada al narcotráfico. El expediente detalla que la exdiputada, durante un largo período, gestionó más de 4,400 millones de pesos, una cifra que contrasta de forma abismal con los ingresos que legalmente reportó, que apenas superaban los 16 millones de pesos. Este desfase financiero fue la prueba irrefutable que el Ministerio Público utilizó para sustentar su acusación, destacando una clara violación a las leyes sobre lavado de activos.
El proceso judicial involucró a un equipo de fiscales especializados y a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos. Además de la pena de cárcel, Pilarte fue condenada a pagar una multa de 200 salarios mínimos y a cubrir los costos del proceso judicial, tanto en la etapa de juicio como en la de casación.
El caso de Pilarte no se limita a su persona. El Ministerio Público la identificó como parte de una red de lavado de activos liderada por su esposo, Miguel Arturo (Micky) López Florencio, y de la que también formaban parte sus hijos. Esto subraya la naturaleza familiar y organizada de la operación ilícita, en la que varios miembros se vieron implicados.
La lista de propiedades confiscadas por la justicia es extensa e incluye terrenos, inmuebles residenciales y comerciales en varias localidades, principalmente en La Vega y Jarabacoa. Desde grandes terrenos de miles de metros cuadrados hasta locales comerciales y apartamentos, el inventario de bienes decomisados refleja la magnitud de las operaciones financieras ilícitas. Entre las propiedades se encuentran: un terreno de más de 3,000 m² en La Vega, otro de 28,000 m² en Arroyo Hondo, varios locales comerciales, y un terreno de más de 628,000 m² en Jarabacoa.
La detención de Rosa Amalia Pilarte cierra un capítulo importante en la lucha contra el crimen organizado en la República Dominicana. Este caso, con su condena firme y el decomiso de bienes, envía un mensaje claro: la justicia, aunque a veces tarda, puede prevalecer y desmantelar las estructuras de poder construidas sobre actividades ilícitas.
