Ortega Polanco resalta que la transparencia judicial debe traducirse en hecho.
Santo Domingo.- En República Dominicana se habla cada vez más de justicia abierta, pero para el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, ese concepto no es una meta alcanzada, sino una obra en construcción que exige constancia y voluntad. Así lo planteó durante su intervención en la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, un espacio que reunió a expertos de 21 países para debatir sobre los caminos hacia una justicia más transparente, inclusiva y cercana a la ciudadanía.
“Pasar de las palabras a los hechos es el gran desafío”, dijo Ortega Polanco frente a un auditorio que lo escuchaba con atención. Para él, la apertura judicial no puede quedarse en discursos bien intencionados. Requiere acciones concretas que permitan al ciudadano sentir que las instituciones responden con transparencia, rinden cuentas y se someten al escrutinio público.
El magistrado, que también preside la Comisión de Comunicación e Imagen Institucional del Poder Judicial, recordó que la Constitución dominicana establece la dignidad humana como eje de la democracia. Bajo esa premisa, explicó que la justicia abierta se sostiene en pilares como la libertad de prensa, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. “Son valores que no se negocian, porque garantizan la confianza en las instituciones”, insistió.
Pero la apertura, advirtió, tiene sus límites. Citó la Política de Protección de Datos aprobada por la Suprema Corte, destacando que la transparencia no puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la vida privada. “El contrapeso del derecho a un gobierno transparente es el respeto a la privacidad y a los valores de la dignidad humana”, enfatizó, recordando los artículos 44 y 49 de la Constitución que salvaguardan estas garantías.
El panel donde habló Ortega Polanco también contó con voces internacionales. Participaron Eugenia Braguinsky, de la Red Internacional de Justicia Abierta; María Julia Giorgelli, de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina; Laurecen Pantín, especialista mexicana en transparencia judicial; y Valeria Quiroga, directora de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Todas coincidieron en que la apertura judicial debe ir de la mano con la digitalización, la inclusión y el respeto a los derechos ciudadanos.
La conferencia, celebrada en Santo Domingo los días 27 y 28 de agosto, no fue un encuentro cualquiera. Convocó a más de 4,000 personas —presenciales y virtuales— que participaron en 15 paneles, 4 plenarias y varios grupos de trabajo sobre inclusión y digitalización. En total, 97 ponentes compartieron experiencias y estrategias. El resultado: consensos, nuevas ideas y una agenda común para seguir construyendo la justicia del futuro.
Al cierre, quedó claro que hablar de justicia abierta no es describir un sistema perfecto, sino reconocer que se trata de un proceso vivo. Una construcción en marcha que necesita tanto de las instituciones como de la ciudadanía para sostenerse y avanzar.
