Un supuesto exceso en la entrada del cereal amenaza la estabilidad económica de los productores dominicanos.
Santo Domingo. La producción de arroz en el país enfrenta una situación crítica. La oposición política, representada por el partido Fuerza del Pueblo (FP), ha levantado la voz para denunciar que una masiva importación del cereal, presuntamente autorizada por el gobierno, está llevando a los productores nacionales a la quiebra. La acusación es contundente: el mercado está saturado y los agricultores no tienen dónde vender sus cosechas.
Según el Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la FP, la cantidad de arroz importado es tan grande que los muelles "aún continúan llenos", creando un tapón que ahoga la producción local.
En una rueda de prensa, el ingeniero Héctor Acosta, vocero del partido, fue directo y crítico. "Parece que las fincas más eficientes del gobierno del PRM, las que les permiten anunciar una sobreabundancia de producción, están en los muelles dominicanos", dijo con ironía. "Y su manejo es muy fácil, porque solo requieren de un lapicero para firmar los permisos de importación".
La FP deploró lo que considera un "daño" al Programa Nacional de Pignoración, una iniciativa clave diseñada para financiar la compra de cosechas y mantener la estabilidad de precios durante todo el año. La denuncia es que, en lugar de beneficiar a los productores locales, el gobierno está priorizando los productos extranjeros.
Acosta recordó que en agosto de 2004, los molineros tenían una deuda de pignoración de 1,100 millones de pesos, una deuda que fue saldada durante la gestión del expresidente Leonel Fernández. "¿Será que el PRM pretende dejarlos igual?", cuestionó.
La situación se agrava con la inacción de la Comisión Nacional de Arroz (CONA), que, según la FP, se reunió recientemente sin llegar a soluciones concretas. "El presidente Abinader, supuestamente, no está enterado del problema.
¿O es que desconocen que en más de 14 provincias las actividades económicas giran alrededor de la producción, procesamiento y comercialización del arroz?", señaló Acosta, subrayando la magnitud social y económica del sector.
Ante este panorama, la Fuerza del Pueblo ha presentado un conjunto de nueve propuestas para que el Poder Ejecutivo asuma un rol proactivo y rescate al sector. Entre las medidas más urgentes, se propone declarar el subsector arrocero en estado de emergencia, prohibir la importación de arroz durante los años 2025 y 2026, y repatriar el cereal importado que aún se encuentra en los muelles.
Además, la FP exige el pago inmediato de la pignoración atrasada para darles a los molineros la capacidad financiera de seguir comprando el arroz a los agricultores. Otras propuestas incluyen habilitar pequeñas factorías para aumentar la capacidad de procesamiento, racionalizar la siembra de la próxima cosecha y compensar a los productores que ya han perdido su capital de trabajo desde junio.
El partido de oposición considera que esta situación representa un "alto riesgo" para la seguridad alimentaria de toda la población.
PLD también critica al gobierno
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también ha criticado al gobierno por supuestamente dañar el Programa Nacional de Pignoración, que históricamente ha servido para financiar la compra de las cosechas y mantener la estabilidad de los precios. Acusan al gobierno de atrasar los pagos a los molineros, lo que les quita la capacidad financiera para comprar el arroz a los productores.
Para enfrentar esta problemática, el PLD ha propuesto una serie de medidas, entre las que destacan:
- Coordinar con los productores avícolas la programación de la producción de pollo para estabilizar la oferta.
- Facilitar créditos a largo plazo y a bajas tasas para mejorar la productividad en el sector avícola.
- Limitar las importaciones de arroz solo a casos de desabasto comprobado, con aprobación de la Comisión Nacional Arrocera.
- Prohibir la entrada de arroz con permisos vencidos o sin el protocolo de desaduanización finalizado.
- Aumentar el presupuesto del Programa de Pignoración para garantizar el pago oportuno a los productores.
- Compensar a los productores afectados por taras superiores al 15 % para evitar pérdidas y quiebras.
