El caso involucra a tres policías y un marino por un presunto abuso sexual y robo en Santo Domingo Este
Un nuevo escándalo ha sacudido la confianza en las instituciones de seguridad del país. Cuatro agentes, tres miembros de la Policía Nacional y uno de la Armada Dominicana, han sido formalmente acusados por el Ministerio Público de un presunto abuso sexual y robo a una mujer extranjera, de nacionalidad haitiana.
El hecho, que ha desatado indignación en la opinión pública, ocurrió el pasado 29 de julio en una zona de Santo Domingo Este.
Según la denuncia, lo que parecía ser un simple operativo de rutina en la avenida España se convirtió en una pesadilla para la víctima. Los agentes Clara Rosa Yoli Gerónimo, una sargento de la Policía, y Ronny Alberto Monzón Sánchez, raso, habrían sido quienes ordenaron detener el vehículo en que se trasladaba la mujer. Al no portar sus documentos, ella explicó que se encontraban en la Embajada de Estados Unidos. La respuesta de los agentes fue subirla a un camión policial, presuntamente para ser deportada.
Sin embargo, el recorrido no fue el esperado. El vehículo tomó una ruta distinta y se desvió hacia una zona oscura en Los Tres Ojos, un lugar apartado. Allí, según el expediente del caso, los agentes la habrían extorsionado y despojado de una considerable cantidad de dinero: USD 1,200 y RD$10,000. El calvario, no obstante, no terminó ahí.
Después del robo, la víctima fue transferida a otra patrulla, esta vez ocupada por el raso Luis Ángel Taveras Herrera y el marino Edwin Yuriel Mariñez Araujo. Lejos de auxiliarla, estos agentes supuestamente la llevaron a otro lugar desolado, esta vez cerca del Faro a Colón, donde habrían cometido el abuso sexual.
El proceso judicial avanza, aunque a paso lento. La Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo conoció el caso por primera vez el 21 de agosto. Sin embargo, en una serie de aplazamientos, la audiencia ha sido pospuesta en tres ocasiones, lo que ha generado preocupación en torno a la agilidad del proceso.
Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio Público ha solicitado la medida de coerción de prisión preventiva para los cuatro imputados, argumentando la necesidad de asegurar su presencia en el juicio.
Se espera que esta semana, finalmente, la jueza a cargo del tribunal tome una decisión sobre el futuro de los acusados. Este caso no solo pone en tela de juicio la integridad de los agentes involucrados, sino que también subraya la vulnerabilidad de las personas, especialmente las extranjeras, ante los abusos de autoridad.
