El empresario y sus empresas pactan con el Ministerio Público en la Operación Antipulpo.
SANTO DOMINGO.– En uno de los capítulos más contundentes de la Operación Antipulpo, el empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra decidió admitir su responsabilidad penal por su participación en una red de corrupción vinculada al sector eléctrico y alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público que implica el pago de más de RD$3,000 millones al Estado dominicano.
El pacto fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras ser presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte de un proceso respaldado por el criterio de oportunidad contemplado en el Código Procesal Penal.
El acuerdo compromete a Montilla a resarcir al Estado con una suma total de RD$3,000 incluyendo una indemnización de RD$600 millones que será distribuida entre las tres principales distribuidoras de electricidad del país: EdeEste, EdeSur y EdeNorte. Además, deberá pagar RD$431.8 millones en impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y entregar un terreno ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, valorado en más de RD$50 millones.
Como parte del compromiso, Montilla también deberá disolver en un plazo de dos años un conjunto de once empresas con las que operaba en el sector eléctrico, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa y Watmax Lighting, señaladas por ser utilizadas para acceder a contratos públicos de manera fraudulenta.
El Ministerio Público sostiene que Montilla, cuñado del exfuncionario Alexis Medina Sánchez —principal imputado en la Operación Antipulpo—, se valió de su cercanía con el poder político para obtener contratos millonarios en el sector energético, incurriendo en prácticas monopólicas, estafa al Estado, sobornos y manipulación de procesos de compra.
Según el expediente, el empresario utilizó información privilegiada y pagos ilícitos para favorecer sus operaciones, con el agravante de que muchas de las empresas involucradas presentaban deficiencias operativas que afectaron el servicio eléctrico nacional.
“La corrupción administrativa impactó gravemente a empresas que ya enfrentaban problemas estructurales. Estas irregularidades provocaron pérdidas operativas, comprometiendo un servicio esencial para el país”, afirmó Mirna Ortiz, representante de la Pepca.
El Ministerio Público defendió el acuerdo con base en el artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado colabora con la investigación de manera eficaz, ayuda a desmantelar la red delictiva o aporta datos esenciales que impiden nuevos delitos.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, valoró positivamente la decisión judicial. “Este acuerdo representa una victoria más en la lucha contra la impunidad y demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó.
La representación legal de Montilla estuvo a cargo de los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo. Por parte del Estado, Celso Marranzini actuó como representante de las distribuidoras eléctricas en calidad de presidente del Consejo Unificado.
Con esta homologación, Montilla evita continuar el proceso penal ordinario, pero sella en papel su culpabilidad en un esquema de corrupción que debilitó aún más un sistema eléctrico ya golpeado, mientras el país se queda con parte del botín: dinero, propiedades y una confesión formal.
