Funcionaba con conexiones ilegales y defraudaba al sistema energético.
La Policía Nacional, a través de su Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), ha asestado un nuevo golpe al crimen tecnológico. En un operativo meticulosamente planificado en el sector Riviera del Caribe, en Santo Domingo Este, las autoridades desmantelaron un centro de operaciones clandestinas dedicado a la minería ilegal de criptomonedas.
El negocio funcionaba completamente al margen de la ley, con conexiones ilegales que defraudaban al sistema eléctrico nacional y, para colmo, revendía internet sin ningún tipo de autorización.
El allanamiento, que tuvo lugar en una humilde vivienda de dos niveles, se ejecutó con el apoyo de la Subdirección Regional de Inteligencia de Santo Domingo Oriental y la presencia de miembros del Ministerio Público.
La orden judicial permitió a los agentes ingresar al inmueble y desmantelar el entramado tecnológico que, en silencio, operaba las 24 horas del día.
Al interior de la vivienda, los agentes descubrieron lo que era el corazón de la operación ilícita: un conjunto de siete equipos de minería de criptomonedas, entre los que se destacaba un dispositivo ASIC de la marca Avalon.
El hallazgo no se limitó a las máquinas de alta tecnología, pues también se incautaron elementos esenciales para la actividad: una parábola, un monitor, un router y un abanico de enfriamiento, todos conectados a un sistema eléctrico improvisado.
Las autoridades señalan que este tipo de instalaciones no solo representan un fraude económico masivo, sino que también implican un grave riesgo para la seguridad del sistema eléctrico nacional.
Al operar con conexiones fraudulentas, estas granjas de minería evitan pagar por el enorme consumo de energía que requieren, mientras sobrecargan y desestabilizan la red.
El perjuicio se extiende a la seguridad pública, pues las conexiones irregulares aumentan el riesgo de incendios y otros accidentes.
La operación ha puesto en evidencia un nuevo modus operandi en el bajo mundo del delito digital en la República Dominicana. Este tipo de fraude energético y tecnológico está claramente tipificado en el Código Penal Dominicano, así como en la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
Aunque el propietario del lugar aún no ha sido identificado, las investigaciones continúan para establecer su responsabilidad y la de cualquier otro implicado. Todas las evidencias ocupadas han quedado bajo el control del Ministerio Público, que se encargará de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
