Denuncian que ocultó empresa familiar y la compra millonaria de un terreno en Samaná
Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) llevó a los tribunales al exministro de Educación, Ángel Hernández, acusándolo de ocultar bienes y de presunto lavado de activos. La querella formal, presentada este 1 de septiembre en Santo Domingo, señala que el exfuncionario no incluyó en su declaración jurada de patrimonio la existencia de una empresa familiar constituida meses antes de llegar al cargo, y que a través de esa sociedad se habría realizado una compra millonaria en Samaná.
Según la denuncia, Hernández habría violado tanto la Ley 311-14, que obliga a los funcionarios a declarar todos sus bienes y los de su núcleo familiar, como la Ley 155-17, que sanciona el lavado de activos.
La empresa no declarada
El nombre de la compañía es Constructora Playa Morón. De acuerdo con ADOCCO, el exministro registró el nombre de la firma el 31 de enero de 2022 en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Apenas un mes y medio después, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida con su número de RNC y Registro Mercantil.
Lo llamativo, según la organización, es que cuando Ángel Hernández fue nombrado ministro mediante el decreto 414-22, en agosto de ese mismo año, nunca incluyó a Constructora Playa Morón dentro de sus activos declarados. La sociedad aparece a nombre de su esposa, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y de su hija, Alejandrina María Hernández Acosta.
La compra en Samaná
El episodio más sospechoso ocurre apenas un mes después de que Hernández asumiera como ministro. El 29 de septiembre de 2022, Constructora Playa Morón compró un terreno en Las Terrenas, Samaná, con una extensión de 7,854 metros cuadrados, por la suma de RD$31,095,000.
Los documentos de propiedad indican que el inmueble no tiene hipotecas ni gravámenes, lo que lleva a pensar que la operación se pagó de contado. El detalle es que, de acuerdo con estimaciones de mercado citadas por ADOCCO, una propiedad de esas dimensiones y en esa zona costaría más de US$4 millones, un valor muy superior al monto registrado.
La organización anticorrupción sostiene que los ingresos reportados por Hernández y su esposa no se corresponden con una transacción de ese calibre.
Violaciones señaladas
ADOCCO considera que la omisión de Constructora Playa Morón en la declaración jurada de patrimonio del exministro constituye una violación clara a los artículos 5 y 8 de la Ley 311-14. Esta normativa exige a los funcionarios presentar un informe completo y veraz de todos los bienes, pasivos y activos de su comunidad conyugal.
La denuncia también plantea que, al no declarar la empresa ni el bien adquirido, Hernández incurrió en prácticas que encajan en la Ley 155-17 de Lavado de Activos.
Lo que pide ADOCCO
En su querella, la entidad solicita al Ministerio Público abrir una investigación penal contra Ángel Hernández y determinar quiénes más habrían participado en las operaciones señaladas. La organización exige además que se recopilen todas las pruebas necesarias para formalizar una acusación.
Con esta acción, ADOCCO apunta a un exfuncionario que, hasta hace poco, ocupó uno de los cargos más importantes del gabinete. Ahora será la justicia la que decida si la operación inmobiliaria y la omisión de la empresa familiar fueron simples descuidos o parte de un entramado mayor.
