Defensa acusa a la Procuraduría de sobrecargar a la jueza con pruebas débiles.
Santo Domingo. — Los abogados de los implicados en el mediático Caso Calamar han alzado la voz, denunciando que el Ministerio Público (MP) estaría utilizando una táctica para confundir a la justicia. Según los defensores, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habría armado un expediente con una "debilidad congénita", repleto de documentos que, aunque abundantes, carecen de un valor probatorio sólido.
Los letrados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo, que representan a varios querellantes, calificaron el expediente como "un exceso de papeles sin valor". Afirman que la estrategia del MP parece ser "abrumar" a la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción, llenando el caso con piezas dispersas que resultan difíciles de organizar y responder.
En sus declaraciones, los abogados cuestionaron la solidez de una acusación que se basa más en la cantidad que en la calidad de las pruebas.
Además de su crítica al manejo del expediente, los abogados expusieron una inconformidad de fondo. Aseguran que la Pepca no ha cumplido con los querellantes, a quienes se les había prometido la entrega de una parte del dinero recuperado.
Mañón Lara, en representación de los sucesores de Generosa Reyes, llegó a afirmar que el Ministerio Público los "engañó", presentando al Estado como un "violador de los derechos de propiedad de las personas pobres", a quienes, cuando por fin reciben un pago, son luego perseguidos.
El descontento no se limita a la defensa. Los abogados señalaron que "pocos están conformes" con el desarrollo del proceso, y que incluso los propios querellantes manifiestan su disconformidad.
A esta situación se suma el hecho de que varias personas han retirado sus querellas contra uno de los principales imputados, el exministro Donald Guerrero. Un total de once individuos, incluyendo a varios hermanos, se han retractado de sus acusaciones alegando insuficiencia de pruebas, lo cual fue acogido por la jueza.
Este panorama, cargado de cuestionamientos, coincide con el inicio de la fase en la que los abogados del Estado presentarán su caso. En este contexto, la defensa señaló un detalle que consideran controversial: el contrato que otorga a estos abogados el 15% de los ingresos que el Ministerio Público logre recuperar, una cifra que muchos ven difícil de justificar, especialmente si se considera que, en un caso como el de Fernando Crisóstomo, solo se ha devuelto un cheque de 50 millones de pesos.
La complejidad del caso Calamar se incrementa con cada sesión, dejando al descubierto no solo las acusaciones de corrupción, sino también un tenso pulso entre el Ministerio Público y la defensa sobre el valor y la solidez de las evidencias presentadas.
¿Quiénes están involucrados en el Caso Calamar?
El "Caso Calamar" es un importante proceso judicial en la República Dominicana que investiga una supuesta red de corrupción administrativa durante la administración del expresidente Danilo Medina. La Procuraduría General de la República presentó una acusación contra un total de 46 personas, tanto físicas como jurídicas, a quienes se les atribuye haber desfalcado al Estado con más de 41 mil millones de pesos.
Entre los principales imputados y figuras más conocidas involucradas en el caso se encuentran tres exministros del gobierno de Danilo Medina:
- Donald Guerrero Ortiz: Exministro de Hacienda.
- José Ramón Peralta: Exministro Administrativo de la Presidencia.
- Gonzalo Castillo Terrero: Exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial.
Además de ellos, la lista de acusados incluye a otras figuras de alto perfil que ocuparon cargos públicos y que, según el Ministerio Público, formaban parte de la red de corrupción. Algunos de los nombres mencionados en los documentos de la acusación son:
- Daniel Omar Caamaño: Excontralor General de la República.
- Luis Miguel Pichirilo: Exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
- Claudio Silver Peña: Exdirector de Catastro Nacional.
- Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa: Exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
El Ministerio Público también ha señalado a personas que, sin ser funcionarios, colaboraron con el entramado. En este grupo se encuentran varios individuos que han llegado a acuerdos de colaboración con las autoridades, ofreciendo información clave a cambio de beneficios procesales. Entre estos testigos, o colaboradores, destacan:
- Ramón Emilio Jiménez Collie ("Mimilo"): Señalado como una figura clave en la estructura que supuestamente facilitaba los contactos entre funcionarios y el sector privado.
- Fernando Crisóstomo Herrera: Considerado el "brazo operativo" del entramado desde la parte no gubernamental.
- Ángel Gilberto Lockward Mella: Abogado que también ha devuelto dinero al Estado.
