Buscan impulsar transparencia y democracia en los sistemas judiciales lo que marca un hito en justicia abierta
La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, celebrada en Santo Domingo, cerró con un acuerdo sin precedentes. Líderes judiciales de 21 países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa, junto a representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron la Declaración de Santo Domingo, un compromiso histórico para transformar los sistemas de justicia bajo principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
El documento busca que los poderes judiciales adopten políticas y estrategias de justicia abierta con metas medibles, presupuestos definidos y una elaboración inclusiva. El reto es llevar estas iniciativas no solo a nivel nacional, sino también a instancias subnacionales y comunitarias, con el fin de acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la democracia en la región.
Un compromiso amplio y diverso
La Declaración plantea acciones concretas, entre ellas, aprobar marcos normativos y políticas públicas que faciliten reformas de justicia abierta acompañadas de recursos presupuestarios.
Asimismo, alienta a los Estados a movilizar recursos humanos, financieros y técnicos —internos y de cooperación internacional— para innovar en proyectos de transparencia, participación ciudadana y control social.
Otro de los puntos clave es reconocer el papel de la sociedad civil y la academia como aliados estratégicos. Estas organizaciones, dice el texto, deben ser parte de la co-creación de iniciativas y proyectos de justicia abierta.
Además, los países se comprometen a medir y difundir el progreso de manera periódica, con indicadores comparables y evaluaciones independientes disponibles al escrutinio público.
Justicia inclusiva y centrada en las personas
Un aspecto central del acuerdo es la inclusión de la perspectiva de género y diversidad. Los programas de justicia abierta deberán atender las necesidades específicas de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, jóvenes, adultos mayores y otros grupos históricamente marginados.
“El desafío es construir una justicia independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas. Esa es la base del fortalecimiento democrático y del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, resalta la Declaración.
Un comité para dar seguimiento
Para garantizar que los compromisos no queden en el papel, se creó el Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA), integrado de manera paritaria por poderes judiciales, sociedad civil y organismos internacionales, con el acompañamiento de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
Los principios rectores del documento —participación ciudadana, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y colaboración innovadora— serán el marco que guíe las acciones futuras.
Países participantes
La conferencia reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.
Celebrada los días 27 y 28 de agosto en República Dominicana, la cita se convirtió en un espacio clave de diálogo regional y en el punto de partida de una agenda común para modernizar la justicia con un enfoque abierto, inclusivo y transparente.
