Operación Gavilán desmantela banda que alteraba registros judiciales por sobornos. Trece personas fueron sentenciadas.
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público ha logrado una victoria judicial contundente. El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a 13 personas implicadas en la Operación Gavilán, una red criminal que se dedicaba a borrar y alterar los antecedentes penales de ciudadanos a cambio de sobornos. Las penas impuestas varían, llegando hasta los 10 años de prisión.
El tribunal, actuando por unanimidad, acogió la acusación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Los jueces consideraron que la estructura criminal representaba una seria amenaza a la seguridad jurídica del país, permitiendo que delincuentes con fichas e impedimentos de salida burlaran la justicia y los controles migratorios.
Las penas más severas, de 10 años de cárcel y multas de 100 salarios mínimos, recayeron sobre Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Giberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño. Este último, además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, una medida ejemplar para un funcionario.
Otros implicados recibieron condenas en la modalidad de prisión domiciliaria con suspensión de la pena, dependiendo de su grado de participación. Mártires Rosario Reyes fue sentenciado a 7 años, con 3 años y 6 meses en prisión domiciliaria; Alfredo Mirambeaux a 8 años, con 6 años de prisión domiciliaria.
Rubén Darío Morban junto a Luis Alfredo Astacio Polanco, a 6 años, con 3 años de prisión domiciliaria. Domingo Julio Santana recibió 5 años, de los cuales 2 años y 6 meses serán en prisión domiciliaria.
La sentencia también ordenó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, bajo la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos, y acogió criterios de oportunidad para tres de los procesados.
Los condenados cumplirán sus penas en el centro de corrección de Najayo Hombres.
Los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey representaron al Ministerio Público. Al terminar el juicio, el fiscal Mena calificó la sentencia como "ejemplar" y resaltó que envía un mensaje claro contra la corrupción.
“En el día de hoy el Ministerio Público ha obtenido una sentencia favorable, en la que los jueces han acogido a unanimidad la petición del Ministerio Público”, destacó el fiscal Mena luego del fallo.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que la banda utilizaba "maniobras informáticas fraudulentas" para alterar la base de datos de la Procuraduría General de la República. Su único objetivo era obtener dinero en efectivo y transferencias a cambio de "limpiar" el historial delictivo de sus clientes.
Las pruebas presentadas fueron "suficientes y contundentes", incluyendo peritajes informáticos, testimonios, documentos y evidencias digitales irrefutables. Los jueces consideraron que estas pruebas no dejaban "dudas razonables" sobre la participación consciente y activa de los acusados.
Con este fallo, la justicia dominicana refuerza la importancia de la integridad de sus sistemas digitales y demuestra que, incluso en la era del cibercrimen, la responsabilidad penal prevalece.
