Es hora de saldar la “deuda histórica” con las víctimas en Latinoamérica
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA— La justicia en América Latina y el Caribe tiene una deuda histórica con las víctimas, una que se ha ignorado por mucho tiempo. Así lo afirmó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al abogar por un sistema judicial que proteja de manera efectiva a quienes sufren los estragos del delito. En un panel jurídico, la funcionaria destacó la urgente necesidad de dejar de ver el “debido proceso” solo desde la óptica del acusado y empezar a generar jurisprudencia y políticas centradas en las víctimas.
Durante su participación en un panel del Poder Judicial, Reynoso recordó que la doctrina jurídica en la región se ha enfocado casi exclusivamente en los derechos fundamentales de los imputados. “Nosotros nos olvidamos que las víctimas existen; y que son un sujeto procesal; no de un nivel inferior. Nuestro Código tiene dos principios, que son igualdad entre las partes y ante la ley”, señaló.
La procuradora enfatizó que, si bien las garantías del debido proceso para los acusados son vitales en un Estado de derecho, la protección de las víctimas no debe ser relegada. “Debido proceso para el privado de libertad, que lo tiene, yo no se lo voy, jamás, a dejar de reconocer y abogo porque exista… pero las víctimas también requieren una tutela efectiva de sus derechos”.
La procuradora se mostró crítica con la falta de mecanismos reales de reparación de daños en la región. “La reparación no existe en América Latina como una figura. Y cuando vamos a buscar jurisprudencia de reparación y doctrina de reparación, es casi nula”, sentenció. Esta falta de acceso a una reparación oportuna, unida a los largos procesos judiciales, se convierte en una revictimización para quienes ya han sufrido un daño. “Cuando nosotros pensamos, inclusive, en la duración de la prisión preventiva… también debemos pensar que ese mismo tiempo tiene una víctima que no tiene acceso a una decisión”, puntualizó.
El panel, celebrado en el Hotel El Embajador, también contó con la participación de expertos internacionales como Juan Carlos Astúa Jaime, del National Center for State Courts, y Gerardo Andrés Hernández Montes, de Transparencia por Colombia. La moderadora del evento fue Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.
Reynoso aprovechó la ocasión para detallar las iniciativas de su gestión en la Procuraduría, centradas en mejorar la accesibilidad a la justicia para la ciudadanía. La estrategia se basa en el análisis del mapa de la criminalidad y las necesidades de la población, lo que ha llevado a la aprobación de 24 fiscalías comunitarias. La primera de ellas ya fue inaugurada en Sosúa, y las próximas se abrirán en La Guáyiga y Boca Chica. “La justicia tiene que tener ese nivel de accesibilidad”, explicó, “donde la población pueda venir a pie, en sandalias, popularmente los dominicanos decimos, en chancletas”.
Con esta visión, la Procuradora General busca modernizar y humanizar el sistema de justicia dominicano, asegurando que el diseño de los servicios responda a las necesidades reales de los ciudadanos. Se trata de una apuesta por la equidad procesal, donde el “debido proceso” no sea un privilegio, sino un derecho para todas las partes, garantizando que las víctimas también encuentren una respuesta y una reparación genuina.