Juez ordena detención para frenar chicanas y garantizar el avance del juicio.
Santo Domingo — El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha ordenado el arresto de Rafael Olegario Helena Regalado, uno de los principales imputados en el caso Costa Dorada. La decisión responde a una serie de maniobras que, según los jueces, buscaban dilatar el proceso judicial de manera sistemática, impidiendo que el juicio de fondo pudiera avanzar.
Las magistradas acogieron una solicitud del Ministerio Público y de los acusadores particulares, quienes alegaron que las tácticas dilatorias de Helena Regalado y la empresa que representa, Global Multibussines Corporation (GMBC), eran "temerarias" y constituían una "deslealtad procesal".
Entre las artimañas utilizadas se encuentran recusaciones al Ministerio Público, solicitudes de inhibición a varios jueces, sometimientos penales y disciplinarios sin fundamento, además de cambios injustificados de abogados. Todo esto con un único propósito: evitar que la justicia siguiera su curso.
El caso Costa Dorada involucra un presunto esquema de falsedad de documentos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El Ministerio Público acusa a Helena Regalado, junto a Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Francesca Aguasvivas Báez y la entidad GMBC, de haberse apropiado de manera fraudulenta del capital accionario de la compañía Costa Dorada, cuyo principal activo es un terreno de más de 10 mil tareas en Baní.
Los acusadores privados —Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., SRL; Okra Company, LTD; y Grand Cays Corporation— han dejado claro que llevarán el proceso hasta sus últimas consecuencias.
Su abogado, Jorge Antonio López Hilario, aseguró que no importan las "chicanas procesales" que los imputados continúen realizando. Su expectativa es que la ley prevalezca y se imponga una sanción ejemplar contra todos los implicados.
El fraude, descubierto en 2013, es un entramado complejo. Los verdaderos dueños de la compañía, las familias Mayol y Serrano, descubrieron que decenas de contratos falsos se habían fabricado para simular la venta de sus acciones.
Los documentos fraudulentos, que incluso incluían firmas de socios fallecidos, fueron registrados en la Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que permitió a los usurpadores aparecer como titulares del capital social y paralizar la operación de la empresa por años.
Esta situación le impidió a los accionistas originales transformar su empresa en una sociedad de responsabilidad limitada, ya que los acusados ya habían completado el proceso de manera ilícita, dejando a los legítimos dueños con las manos atadas.
