Abogados denuncian engaños y contradicciones en proceso contra exfuncionarios
SANTO DOMINGO. — La tensión dentro del proceso judicial del caso Calamar sigue en aumento. Esta vez, un grupo de querellantes, representados por los abogados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo, depositó varias instancias ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para manifestar su inconformidad con el Ministerio Público. Según alegan, sus defendidos han sido engañados y marginados en el desarrollo del proceso.
Los querellantes sostienen que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no ha cumplido con los compromisos asumidos y que ha manejado el caso con prácticas que ponen en entredicho la transparencia del proceso. Las críticas surgen justo después de que concluyera la lectura de la acusación formal contra los imputados, entre los que figuran exministros de alto perfil: Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas). También fueron acusados el excontralor de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Pichirilo; el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y el empresario Fernando Crisóstomo.
Sentencias y disputas en audiencia
El malestar de las partes se intensificó tras la sentencia TC0048-24 del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el oficio 0457 del 2 de febrero de 2022. Mediante ese oficio, la PEPCA bloqueó pagos y se opuso al traspaso de propiedades gestionadas ante el Ministerio de Hacienda, afectando a querellantes y terceros. La decisión del Constitucional fue interpretada como un revés a las actuaciones del Ministerio Público.
Durante las audiencias, las tensiones llegaron al extremo cuando la defensa de Gonzalo Castillo, encabezada por la abogada Laura Acosta, acusó a la PEPCA de fraude procesal. Según la barra defensora, se remitieron piezas fuera de plazo al momento de presentar la acusación, lo que vicia el proceso y entorpece el derecho a la defensa.
“Más que una acusación sólida, lo que hemos visto es un cúmulo de documentos dispersos y sin valor probatorio, con el que se pretende abrumar al juez”, señalan algunos analistas jurídicos consultados, aludiendo al volumen de la documentación presentada por la PEPCA.
Beneficios cuestionados y quejas de querellantes
Otro punto que genera controversia es el contrato que otorga a los abogados del Estado un 15 % de los recursos recuperados en el caso. Para críticos del acuerdo, esta disposición no solo es cuestionable en términos éticos, sino difícil de justificar ante la opinión pública, sobre todo porque, en casos como el de Fernando Crisóstomo, lo devuelto hasta la fecha se reduce a un cheque por 50 millones de pesos.
En este contexto, los querellantes sienten que sus intereses han quedado relegados. Los sucesores de Generosa Reyes, representados por el abogado Martín Mañón Lara, denunciaron que el Estado ha vulnerado derechos de propiedad de ciudadanos de escasos recursos. “Cuando logran, con gran dificultad, recibir pagos legítimos, el propio Ministerio Público los persigue”, afirman.
Expectativa por nueva fase del proceso
Este viernes inicia la intervención de los abogados del Estado en el juicio, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa legal. Sin embargo, las divergencias entre el Ministerio Público y los querellantes podrían marcar un precedente en la percepción ciudadana sobre la justicia en casos de corrupción administrativa.
Por ahora, lo que predomina entre los querellantes es la inconformidad. Muchos han optado por apartarse de la línea del Ministerio Público, preparando escritos que contradicen su narrativa y anticipan una confrontación más abierta en las próximas audiencias.