Operación Gavilán: un caso que revela la corrupción en registros penales.
El Ministerio Público ha solicitado penas de hasta 10 años de prisión contra los miembros de una red criminal desmantelada en la Operación Gavilán.Los acusados, según la acusación, se dedicaban a borrar y alterar los registros de antecedentes penales de la base de datos oficial a cambio de sobornos, beneficiando a una amplia gama de criminales, desde sicarios hasta violadores sexuales.
La Dirección General de Persecución, representada por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, expuso ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la gravedad del caso.
La red, afirmaron, llegó a borrar antecedentes de personas condenadas a 30 años de prisión, un nivel de corrupción que ponía en riesgo la seguridad pública.
Los fiscales presentaron una sólida batería de pruebas que incluyen evidencias digitales, testimoniales, documentales y periciales para demostrar la culpabilidad de los acusados.
El Ministerio Público pidió al tribunal que imponga las siguientes penas:
- 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos para Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño.
- Siete años de prisión (tres años y seis meses de prisión domiciliaria, y tres años y seis meses suspendidos) y una multa de cinco salarios mínimos para Mártires Rosario Reyes.
- Ocho años de prisión (seis años de prisión domiciliaria, y dos años suspendidos) y una multa de cinco salarios mínimos para Alfredo Mirambeaux.
- Seis años de prisión (tres años de prisión domiciliaria, y tres años suspendidos) y una multa de cinco salarios mínimos para Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco.
- Cinco años de prisión (dos años y seis meses de prisión domiciliaria, y dos años y seis meses suspendidos) para Domingo Julio Santana.
Además de las penas de cárcel, la fiscalía solicitó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, acusada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El Ministerio Público también requirió el decomiso de todas las evidencias materiales, al ser consideradas instrumentos del delito.
En una movida estratégica, el Ministerio Público pidió un criterio de oportunidad para Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, considerando la complejidad del caso y su vinculación con el crimen organizado.
El tribunal, presidido por Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, se reservó el fallo para el jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Los acusados enfrentan una larga lista de violaciones legales, incluyendo soborno, alteración de registros, lavado de activos y crímenes de alta tecnología.
