Los agentes asaltaron a un conductor de camiones en la autopista Duarte
SANTO DOMINGO. La justicia ha caído con peso sobre dos agentes policiales que traicionaron su juramento de servicio. El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ha condenado a 10 años de prisión a José Alberto Gil de León y Darién Antonio Almonte Veras, por asaltar a mano armada a un conductor de camiones en un hecho ocurrido el 5 de febrero de 2022 en el municipio de Pedro Brand.
La decisión del tribunal fue el resultado de una contundente solicitud del Ministerio Público, que presentó pruebas irrefutables contra los acusados. Los fiscales Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario demostraron durante el juicio que los agentes, en un acto de robo agravado, interceptaron a un camión de una empresa privada en la autopista Duarte.
Según el expediente, el conductor de la empresa se dirigía a San Francisco de Macorís cuando, a la altura del kilómetro 30, fue emboscado por los dos policías. En su testimonio, la víctima relató que los acusados dispararon dos veces contra su vehículo, lo que lo obligó a detenerse. Acto seguido, él y su ayudante fueron obligados a descender del camión. Los hoy condenados se apoderaron del vehículo y su valiosa carga.
Un robo digno de película
Los agentes no se conformaron con llevarse el camión. En un acto de descaro, retiraron del interior del vehículo un total de 218 cajas de aceite comestible, 15 cajas de whisky de diversas marcas, teléfonos celulares, herramientas y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.
La frialdad del crimen y el hecho de que fuera cometido por quienes supuestamente deben proteger a los ciudadanos añadió una capa de indignación al caso.
Los jueces Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera Franco y Leonarda Quezada Belén encontraron a Gil de León y Almonte Veras culpables de violar múltiples artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 631-16 sobre Armas.
La condena de 10 años es un mensaje claro de que la justicia no tolerará la corrupción y el abuso de poder dentro de las filas de la Policía Nacional.
Los ex agentes deberán cumplir su sentencia en la cárcel pública de la provincia de La Vega, al norte del país.
