Una mujer enfrenta la justicia por engañar a más de 20 personas y captar RD$29 millones
El sistema de justicia dominicano ha dado un paso firme en un caso de fraude que involucra a más de una veintena de personas. El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha dictado auto de apertura a juicio contra Andrea Engracia José Valdez, una mujer acusada de cometer abuso de confianza y estafar a sus víctimas por una suma superior a los 29 millones de pesos.
Según el expediente del Ministerio Público, Andrea José Valdez, operando bajo la empresa A.J. Valdez y Asociados, S.R.L., captó la impresionante cantidad de RD$29,280,500 entre 2012 y 2021.
Su método era simple pero efectivo: prometía a sus inversionistas una rentabilidad muy por encima de la que ofrecían los bancos, con la falsa promesa de que invertía sus fondos en préstamos a una supuesta cartera de clientes.
La decisión de llevar el caso a juicio fue tomada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien destacó la solidez de la acusación. La magistrada respaldó las pruebas presentadas por la fiscal Margaret Cabrera Morillo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, rechazando los argumentos de la defensa de la acusada.
La mecánica del fraude
La investigación, liderada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, detalla el modus operandi de la acusada. Andrea José Valdez ofrecía un supuesto plan de negocios en el que les proponía a sus víctimas entregarle sus ahorros. A cambio, les prometía una tasa de interés significativamente más alta de lo normal, con la condición de compartir los beneficios con los inversionistas.
Para dar una apariencia de legalidad, la acusada formalizaba las operaciones con contratos de préstamo y recibos, siempre a nombre de su empresa. Los fondos eran recibidos a través de transferencias y depósitos directos en las cuentas de A.J. Valdez y Asociados, S.R.L.
Sin embargo, las promesas de altas ganancias nunca se materializaron, dejando a los inversionistas sin su capital y sin los intereses prometidos.
El caso pone de relieve la importancia de investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión que prometa retornos irrealmente altos, especialmente si no están respaldadas por una entidad regulada y transparente.
La acusada enfrenta cargos por abuso de confianza, un delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano.
Este caso no solo afecta a las víctimas que perdieron su patrimonio, sino que también sirve como una advertencia sobre los riesgos de las inversiones no reguladas y las redes de estafa que operan bajo falsas promesas de riqueza.
El auto de apertura a juicio marca un paso crucial en el camino hacia la justicia para las víctimas de este fraude. El caso ahora pasará a la fase de juicio de fondo, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de la acusada.
