Por alquileres: más RD$31 millones; por proyectos agrícolas otros RD$55.2 millones
El Ministerio Público de República Dominicana ha puesto al descubierto una de las cifras más contundentes del caso Coral y Coral 5G: el vasto patrimonio incautado a los imputados ha comenzado a rendir frutos. Según un informe presentado en los tribunales, los bienes bajo custodia de la Procuraduría General de la República han generado,RD$86.5 millones para el Estado, en el marco del juicio contra la cúpula militar.
Solo por concepto de alquileres, se ha generado una cifra que supera los RD$31 millones. A este monto se suman otros RD$55.2 millones provenientes de los proyectos agrícolas, lo que eleva la suma total a más de RD$86 millones en ganancias para el Estado.
Estos valores, generados a partir de los activos que la red de corrupción adquirió de forma ilícita, ahora son parte de la solicitud de decomiso a favor del Estado.
Este dato salió a la luz durante la fase final de presentación de pruebas del Ministerio Público, en el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a los generales Adán Cáceres Silvestre, De los Santos Viola, Torres Robiou y a toda una red de colaboradores.
Todos ellos enfrentan cargos por corrupción y otros delitos en una trama que, se estima, desfalcó al Estado por más de RD$4,500 millones.
Durante esta fase crucial del proceso, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución mostraron un arsenal probatorio impresionante: 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, y 184 pruebas procesales.
Además, se exhibieron 104 pruebas materiales, que incluían desde armas de fuego y relojes de lujo hasta equipos electrónicos, vehículos de alta gama y, por supuesto, los inmuebles y el dinero en efectivo incautado.
Las operaciones de mayo y noviembre de 2021 permitieron identificar 214 inmuebles en diversas provincias, desde el Distrito Nacional hasta San Pedro de Macorís, todos los cuales el Ministerio Público pide decomisar.
También se incautaron 86 vehículos de lujo y de trabajo, así como RD$28 millones y US$55,000 en efectivo, que también están bajo solicitud de decomiso junto con las cuentas bancarias que han sido inmovilizadas por orden judicial.
Tras esta extensa presentación de pruebas, el tribunal concedió un receso. El juicio se reanudará el 26 de agosto de 2025, cuando los querellantes presentarán sus elementos probatorios. Solo después de ello, las defensas de los imputados tendrán la oportunidad de presentar su versión de los hechos.
El Ministerio Público ha señalado al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como el cabecilla de esta red, que, según las investigaciones, operó entre 2012 y 2020.
En la acusación también figuran otros nombres clave como el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, y los religiosos Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, entre otros. Se les imputa no solo el desfalco, sino también la sustracción de fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
