Un helicóptero fue derribado con un dron en Antioquia y un coche bomba explotó en Cali
Colombia vive una semana negra marcada por dos ataques violentos que han dejado al menos trece muertos —entre ellos ocho policías y cinco civiles— y decenas de heridos en distintas regiones del país.
El primer golpe ocurrió el miércoles en las montañas del municipio de Amalfi, al noreste del departamento de Antioquia. Un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional fue derribado mientras transportaba personal para una operación de erradicación de cultivos de coca. El artefacto fue alcanzado por un dron cargado con explosivos. Ocho uniformados murieron en el acto y otros resultaron heridos.
El presidente Gustavo Petro no tardó en señalar a los responsables: el frente 36 del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las antiguas FARC, comandada por alias ‘Calarcá Córdoba’. El mandatario denunció el uso de drones como una peligrosa evolución en las tácticas de guerra de estos grupos armados ilegales.
Las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió contra Petro por su política de “paz total”. Acusó al gobierno de suavizar el trato a criminales como ‘Calarcá Córdoba’ y calificó el ataque como una “tragedia para la democracia y un golpe durísimo para las fuerzas del orden”.
Desde el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez se desmarcó de la versión del presidente y apuntó al Clan del Golfo como el posible autor. “No son otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror. Y como tal será enfrentado con todo el peso del Estado”, aseguró.
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, definió el hecho como una “acción terrorista” y confirmó el envío de refuerzos militares y policiales a la zona. La misión: asegurar el área y dar con los responsables.
Pero cuando el país aún no se reponía del golpe en Antioquia, otra explosión sacudió la ciudad de Cali al día siguiente. A las 2:50 de la tarde, un coche bomba estalló cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El saldo preliminar: cinco muertos y más de 30 heridos, todos civiles, según datos de la Secretaría de Salud local.
Petro también vinculó este atentado con disidencias de las FARC, en concreto con la columna ‘Carlos Patiño’. Según el presidente, se trata de una reacción desesperada ante los golpes que han sufrido estas estructuras en los últimos meses. “Están bajo el control directo del narcotráfico”, aseguró en rueda de prensa.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. “No vamos a bajar la guardia”, prometió en un mensaje difundido en redes sociales.
Ambos ataques evidencian el punto crítico en que se encuentra la seguridad en Colombia. Disidencias, narcotráfico y grupos armados ilegales siguen mostrando su capacidad de fuego y su disposición a desafiar al Estado con métodos cada vez más sofisticados. Mientras tanto, el debate político se encona y la ciudadanía queda atrapada entre la violencia y la incertidumbre.
La “paz total” que promueve el gobierno enfrenta ahora una de sus pruebas más duras.
