Camacho cuestiona tibieza de jueces y exige sanciones ejemplares en apelación
El expediente de la Operación Antipulpo ha dejado 29 condenas, un número que, en cualquier país, sonaría a victoria contundente contra la corrupción. Sin embargo, para el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, el resultado sabe a poco. La razón: las penas no corresponden a la magnitud del saqueo probado.
“Yo quería un poco más”, admitió, aunque inmediatamente aclaró que la obtención de casi treinta condenas no es un logro menor. Lo que preocupa al fiscal no es la cantidad, sino la calidad de las sanciones impuestas.
Jueces tímidos ante la corrupción
Camacho no se anda con rodeos: el Ministerio Público probó sobornos, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos. Presentó evidencia sólida en cada acusación, y el tribunal reconoció la culpabilidad del principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez, quien utilizó su cercanía con el poder presidencial para montar un entramado que drenó millones de pesos de instituciones vitales como Salud Pública, la Policía y las distribuidoras eléctricas.
Pese a la contundencia de las pruebas, el fiscal lamenta que los jueces actúen con timidez a la hora de fijar las penas. El mensaje que se envía, advierte, es ambiguo: se reconoce la corrupción, pero no se sanciona con el peso que merece.
“Esperamos coherencia”, insistió. Coherencia entre los hechos probados y las sanciones. Coherencia con el daño infligido a la sociedad. Coherencia con la gravedad de un caso donde la política, el dinero público y el poder se mezclaron en un cóctel corrosivo para el país.
Condenas que parecen insuficientes
El Ministerio Público no disimula su frustración. A pesar de haber cerrado cada rendija con pruebas, la sensación es que las condenas se quedaron cortas. Por eso, en la apelación, que arrancará después de la lectura íntegra de la sentencia el 25 de septiembre, la fiscalía pedirá penas más severas.
El trasfondo es evidente: si el sistema de justicia no responde con contundencia, se abre la puerta a que la corrupción siga viéndose como un negocio rentable y de bajo riesgo. El discurso de Camacho es un dardo directo a los tribunales: la justicia dominicana no puede seguir siendo complaciente con quienes saquean al Estado.
El cambio que incomoda al poder
Desde 2020, bajo el liderazgo de Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público ha cambiado su estrategia: ya no se persiguen peces pequeños, sino estructuras completas. Ese giro explica la magnitud del caso Antipulpo y, también, la resistencia que genera en sectores acostumbrados a la impunidad.
El mensaje debe ser claro: “quien abuse del poder enfrentará sanciones ejemplares”, reiteró Camacho. Pero hasta ahora, lo que ha quedado claro es la brecha entre la capacidad investigativa de los fiscales y la prudencia —o la cobardía, dirían algunos— de los jueces al dictar sentencia.
