Yulibelys Wandelpool alerta que la nueva Ley 47-25 podría legalizar conflictos de interés, permitiendo contrataciones de familiares cercanos.
La abogada Yulibelys Wandelpool, experta en derecho administrativo, ha encendido las alarmas sobre la recién promulgada Ley 47-25 de compras y contrataciones públicas. A pesar de reconocer avances notables en materia de inclusión y sostenibilidad, Wandelpool advierte que la normativa introduce disposiciones que podrían abrir una puerta peligrosa a los conflictos de interés en la contratación estatal.
"Permitir que familiares cercanos como tíos y sobrinos contraten con el Estado es legalizar una relación de proximidad que debería estar restringida", afirmó Wandelpool durante una entrevista en el programa "Propuesta de la Noche" de Teleimpacto.
La abogada analizó la nueva ley, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2026, señalando sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades éticas.
Avances con matices
Entre los puntos positivos, Wandelpool destacó el fortalecimiento de la participación de sectores tradicionalmente marginados. La ley aumenta la cuota para mipymes del 20% al 25% y duplica la participación obligatoria para las dirigidas por mujeres, pasando del 5% al 10%.
Además, se incorpora el cooperativismo, los jóvenes emprendedores menores de 35 años y una prioridad de compras locales desde los ayuntamientos, beneficiando a productores y empresarios de cada región.
La abogada también aplaudió la inclusión del enfoque de sostenibilidad ambiental, que otorga un marco legal sólido a las políticas de compras responsables. Para ella, esta es una medida alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales del país.
Los retrocesos que preocupan
Sin embargo, el tono de Wandelpool se volvió crítico al hablar de las disposiciones que, a su juicio, representan un retroceso en el control y ética pública. La experta criticó duramente la reducción de los impedimentos por consanguinidad del tercer al segundo grado, lo que ahora permite que funcionarios públicos contraten con familiares directos como tíos o sobrinos.
"Esos son vínculos familiares con carga emocional y cercanía directa. Que la ley los permita, aún sin dolo, crea una brecha ética peligrosa", puntualizó.
Otro aspecto que genera preocupación es la nueva figura del "contratista especialísimo". La ley lo define como alguien que puede ser contratado por su capacidad técnica, artística o, de manera ambigua, por su "confianza con la institución".
Wandelpool alertó que esta redacción podría ser malinterpretada o utilizada para justificar contrataciones discrecionales, calificándola como una posible vía para "prácticas clientelares disfrazadas de legalidad".
Aunque la ley establece sanciones para quienes la violen, como destitución e inhabilitación por cinco años, Wandelpool aclaró que estas medidas no aplican a funcionarios electos, como legisladores o alcaldes, dejando un vacío importante en la igualdad ante la ley.
La experta hizo un llamado a aprovechar el tiempo de vigencia de la ley para revisar y corregir estos aspectos a través de su reglamento de aplicación.
"Hay elementos progresivos en esta ley, pero si no se afinan sus detalles, puede convertirse en un instrumento contradictorio: por un lado promueve inclusión, y por otro facilita zonas grises de corrupción", concluyó.
