Consulta pública para reformar el reglamento de regularización parcelaria y deslinde.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha puesto en marcha un proceso clave para el sistema inmobiliario dominicano. El Pleno de la SCJ ha abierto a consulta pública una propuesta de modificación a la Resolución núm. 790-2022, que rige el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde. El objetivo es optimizar el proceso, simplificar requisitos y agilizar los trámites, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la cohesión social.
Esta iniciativa busca, sobre todo, una resolución más ágil de aquellos casos que no presenten conflictos de derechos. Es una apuesta por la eficiencia, una respuesta a la necesidad de desburocratizar los procedimientos que a menudo entorpecen el desarrollo y la estabilidad de la propiedad en el país.
César García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, explicó que esta propuesta se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario.
Esta última faculta a la SCJ para dictar los reglamentos y normas complementarias necesarias para su aplicación y desarrollo, subrayando la legitimidad y la base legal de esta reforma.
Deslinde: Una figura con excepciones claras
Un punto crucial de la propuesta reglamentaria es la preservación del deslinde como una figura contradictoria y de excepción. Esto significa que el deslinde seguirá siendo la herramienta para aquellos casos que presenten características de litigiosidad, es decir, disputas que requieran la intervención de los tribunales. Con esta distinción, se busca separar los procesos complejos de aquellos que pueden resolverse de forma más directa.
Las modificaciones planteadas se centran en los artículos 5, 8 y 9 del reglamento actual. Estos cambios redefinen las condiciones esenciales de la regularización parcelaria y consolidan los aspectos que deberán ser verificados por las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales y los Registros de Títulos. La intención es que estas entidades puedan ejercer sus funciones calificadoras de manera más eficiente y con criterios más claros.
En un ejercicio de transparencia y participación ciudadana, la SCJ ha convocado esta consulta pública. La iniciativa cumple con lo establecido en la Ley núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley núm. 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo.
Compromiso con la seguridad jurídica
Este llamado a la participación ciudadana permite a abogados, profesionales vinculados, entidades interesadas y, en general, a todos los ciudadanos remitir observaciones y comentarios sobre la propuesta. Es una oportunidad para que la sociedad contribuya activamente a la mejora de un sistema que impacta directamente en la vida de miles de dominicanos.
Con esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia reafirma su compromiso con la mejora continua de la Jurisdicción Inmobiliaria y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en materia de propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. Se busca un sistema más justo, rápido y eficiente.
Las personas interesadas en participar en esta consulta pública tienen desde el martes 19 de agosto de 2025 hasta el lunes 29 de septiembre de 2025 para enviar sus consideraciones y comentarios al correo electrónico: [email protected].
