La entidad detectó “coincidencias inusuales” en los procesos de licitación del INABIE.
Santo Domingo — La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha puesto bajo la lupa a cuatro empresas suplidoras del Estado, sospechando que se han coludido para manipular las licitaciones del programa de almuerzo escolar que gestiona el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
La investigación, formalizada bajo la resolución RII-DE-AAC-003-2025, es la tercera que la institución abre en lo que va de año por prácticas similares. El proceso se desencadenó tras una alerta enviada por el propio INABIE, que detectó anomalías en la participación de las empresas Ysabel Gourmet, S.R.L., Guizo y Sabor, S.R.L., D’Angel´s Cooking By Sandez, S.R.L. y Crisandez Gourmet, S.R.L. en tres procesos de compra para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), realizados entre 2022 y 2023.
El expediente de Pro-Competencia detalla una serie de "coincidencias inusuales" que levantaron las alarmas. La entidad descubrió que los representantes de estas empresas compartían vínculos societarios, auditores y notarios en común. Además, varios documentos clave, como las certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), fueron emitidos el mismo día y con numeraciones consecutivas, un indicio fuerte de coordinación entre los competidores.
"Estas prácticas, de confirmarse, no solo violan la Ley General de Defensa de la Competencia, sino que también atentan contra la transparencia y la eficiencia del gasto público", señaló una fuente cercana al proceso. La colusión en licitaciones públicas es una de las infracciones más graves a la competencia, ya que limita la participación de otros oferentes, elimina la presión de los precios a la baja y, en última instancia, perjudica al Estado.
Esta investigación es un recordatorio de la vulnerabilidad de los procesos de compras públicas a la manipulación. La existencia de indicios de colusión en un programa tan sensible como el de alimentación escolar —que impacta directamente en la nutrición de miles de niños— es particularmente preocupante y subraya la necesidad de una vigilancia constante. Pro-Competencia continuará profundizando en el caso para determinar si las empresas investigadas incurrieron en estas prácticas anticompetitivas. De confirmarse, podrían enfrentar sanciones económicas significativas y otras medidas correctivas.
