La DGCP toma medidas para evitar conflictos de interés en el Registro de Proveedores del Estado.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha dado un paso significativo para blindar el sistema de compras del Estado. La institución informó que ha suspendido de manera preventiva 38 Registros de Proveedores del Estado (RPE) que estaban vinculados a funcionarios públicos de alto rango.
La medida, oficializada a través de la resolución DGCP44-2025-002579, afecta a una lista de funcionarios que incluye ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores.
La suspensión se basa en el artículo 14 de la Ley 340-06, que establece un régimen de inhabilidades para quienes ostentan cargos de jerarquía en el gobierno. La ley es clara: estos funcionarios están legalmente impedidos de ser oferentes o suplir bienes, obras o servicios a las instituciones del Estado.
Esta acción es el resultado de un riguroso cruce de información realizado por los departamentos de Verificación y Gestión de Proveedores de la DGCP. El objetivo es claro: proteger la integridad del sistema de compras públicas y prevenir posibles conflictos de interés.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, subrayó que esta decisión no es una sanción administrativa, sino una medida preventiva para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
"La detección oportuna y la respuesta institucional ante situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la labor de vigilancia que ejerce la DGCP", explicó Pimentel.
La suspensión de los registros se ha aplicado directamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), asegurando que los funcionarios señalados no puedan participar en futuras licitaciones.
Con esta acción, la DGCP reafirma su compromiso con la legalidad, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés. En lo que va de gestión, la institución ha suspendido un total de 567 registros de proveedores por incumplir el artículo 14 de la Ley 340-06.
Este tipo de acciones refuerzan la confianza en el sistema de compras del Estado y envían un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. El gobierno busca asegurar que los procesos de contratación se realicen de manera justa y equitativa, sin que los funcionarios se aprovechen de su posición para hacer negocios con el sector público.
