CNLCC e INSAPROMA cuestionan estrategia energética del Gobierno
Santo Domingo, D.N. — En medio de una nueva falla que dejó fuera de servicio a la unidad 2 de Punta Catalina, dos organizaciones ambientales lanzaron duras críticas contra la estrategia energética del Gobierno. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) advirtieron este sábado que la central termoeléctrica no es una fuente confiable de generación eléctrica, y que insistir en hacerla el eje del sistema nacional es un error grave.
“Desde 2023 se sabe con certeza que esta planta no puede operar con normalidad. Punta Catalina está plagada de defectos de construcción que impiden su funcionamiento estable”, aseguraron ambas entidades en un comunicado conjunto.
Las organizaciones se apoyaron en la auditoría técnica forense realizada por la firma estadounidense Sargent & Lundy, contratada por el propio Estado dominicano mediante licitación internacional. Según el informe, se identificaron 51 tipos distintos de fallas en las plantas, con una probabilidad de ocurrencia media o alta del 54.9%, y una probabilidad de impacto significativo del 64.7%.
Las fallas no son menores. La auditoría localizó problemas en equipos clave como las calderas, turbinas, sistemas de lubricación y el AQSC —encargado de retener las micropartículas de carbón—. También se señalaron deficiencias en el sistema contra incendios, en la correa transportadora del carbón y en las soldaduras: un 20% de mala calidad en general y hasta un 58% en algunos sistemas.
“El informe fue claro: Punta Catalina no es confiable y representa un riesgo para la infraestructura, el personal y el entorno”, afirmaron. Sin embargo, criticaron que el Gobierno no solo ignoró estas advertencias, sino que renunció a exigirle a Odebrecht —la empresa responsable del proyecto— que corrigiera los errores, y tampoco ejecutó la fianza de 100 millones de dólares que tenía como garantía.
A esto se suma —denunciaron— que Celso Marranzini, actual administrador de la planta, ha negado públicamente la existencia de estos vicios estructurales mientras contrata a Odebrecht y Tecnimont para ejecutar las reparaciones… con fondos públicos.
“Es una burla”, dijeron. “Le entregamos las llaves de la casa al ladrón”.
Ambas entidades coincidieron en que las fallas son recurrentes, visibles y sistemáticas. La planta, insisten, no ha podido mantenerse operativa por largos periodos sin fallos, y cada cierto tiempo una de sus unidades sale de servicio sin previo aviso, como ocurrió esta semana.
Pero el problema es mayor. Las organizaciones aseguran que el Gobierno de Luis Abinader ha apostado todo el sistema eléctrico nacional a una central que consideran inestable, contaminante y mal construida. Y mientras eso ocurre, las promesas de un sistema basado en gas natural —según ellos— no tienen sustento real por las dificultades para garantizar un suministro estable.
También alertaron sobre el impacto ambiental, especialmente en la provincia Peravia, la cual describen como una “zona de sacrificio” por la alta contaminación derivada del uso del carbón.
Frente a esta realidad, presentaron una alternativa: una estrategia de transición rápida hacia energías renovables. La propuesta, que según dijeron fue elaborada con asesoría internacional, incluye subastas internacionales inversas para atraer inversión en granjas solares y eólicas a bajo costo, instalación masiva de paneles solares en techos de viviendas populares y el retiro anticipado de Punta Catalina mediante bonos verdes colocados en el mercado de carbono de EE.UU.
“Si el Gobierno hubiese adoptado esta estrategia, hoy tendríamos más energía, más limpia, más barata y menos subsidios”, afirmaron.
Criticaron también los contratos firmados por el gobierno actual para energías renovables, señalando que fueron pactados a precios hasta cuatro veces mayores que el nivelado internacional y por 20 años, lo que calificaron de insostenible.
Finalmente, recordaron que tanto la Constitución (artículo 67.3) como la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (artículo 27) prohíben explícitamente el uso de combustibles fósiles para generación eléctrica, algo que —según ellos— el Gobierno ha decidido ignorar.
“Estamos en un callejón sin salida, con apagones y subsidios al alza. El presidente Abinader debe recapacitar y sacudirse de la mafia eléctrica que tiene secuestrado su gobierno”, concluyeron.
