Acusan a un hombre de robar más de 18 millones de pesos en energía eléctrica
El fraude eléctrico en la República Dominicana ha escalado a niveles alarmantes, y esta vez, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) ha llevado el caso a los tribunales. Un hombre, identificado como Leonel Emilio Novas de León, enfrenta una acusación formal por un supuesto robo de energía que supera los 18 millones de pesos, un golpe directo a las finanzas de EdeSur Dominicana y, por extensión, al Estado.
La PGASE Regional Sur ha depositado ante el Juzgado de la Instrucción de la provincia de Barahona el requerimiento de apertura a juicio contra Novas de León. La acusación no es menor: atentado contra el sistema eléctrico y fraude.
Según la investigación, el acusado, propietario de un inmueble en el sector El Manantial, en la comunidad de Santa Elena, habría incurrido en una conexión ilegal y sofisticada para robar electricidad.
Los técnicos de la distribuidora, en una inspección, descubrieron que Novas de León utilizaba un sistema de breakers con conexión WiFi. Esta tecnología le permitía desconectar la carga de forma remota, un método que dificultaba la detección del fraude y le garantizaba un robo constante y silencioso.
El informe detalla que la conexión directa operaba a 151 voltios, con consumos de 87 y 86 amperios en las líneas 1 y 2, respectivamente.
Las cifras del robo son contundentes y reflejan la magnitud del delito. Se estima que el infractor sustrajo la asombrosa cantidad de 1,892,745 KWH de energía y 1,577.65 KW de potencia. La tasación monetaria de este ilícito, validada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE), asciende a RD$18,188,241.91.
Este tipo de acciones ilícitas representa una violación grave de la Ley General de Electricidad No. 125-01 y sus modificaciones. La PGASE subraya que el acto de Novas de León va en contra de los artículos 124-2, 124-3, 125, literal C; 125-2, literal A, numeral 3, y 125-2, literal B, numeral 4, lo que abre la puerta a un proceso judicial que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el robo de energía en el país.
Ahora, la justicia tiene la palabra para decidir el destino de un caso que ha puesto en evidencia el uso de tecnología para cometer un delito que, en la República Dominicana, lamentablemente, sigue siendo un problema persistente.
