Nueva resolución ordena a todas las instituciones adoptar procedimientos en 30 días: Lo que se espera a partir de ahora
En un paso que busca poner orden y claridad en el camino hacia la jubilación, el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Superintendencia de Pensiones (Sipen) y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) firmaron una resolución que fija un procedimiento estándar para incluir o mantener a los servidores públicos en las nóminas de prepensión del Estado.
El documento, sustentado en las leyes 379-81 y 41-08, no se queda en generalidades. Detalla los requisitos mínimos obligatorios, los plazos y hasta los mecanismos para las llamadas pensiones automáticas. Todas las instituciones públicas tienen ahora un máximo de 30 días hábiles para ajustar sus procesos internos a esta nueva norma.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que el cambio apunta a un sistema más ágil y menos confuso. “El estancamiento que se da por vacíos normativos no solo afecta al trabajador que espera su pensión, también al servicio que damos como Estado. Esto había que resolverlo”, afirmó.
En la misma línea, el superintendente de Pensiones, Francisco Torres Díaz, calificó la resolución como un “hito” en el trámite de pensiones estatales. Subrayó que ahora habrá protocolos claros, plazos definidos y una coordinación constante entre instituciones para hacer el proceso más justo y eficiente.
Para el director de la DGJP, Juan Rosa, el valor del documento radica en que unifica criterios y elimina trabas innecesarias. “Cada trabajador debe recibir su pensión cuando la ley lo indica. Esto es respeto y es transparencia”, sostuvo.
Lo que cambia para los servidores públicos
A partir de ahora, para ingresar a la nómina de prepensión será indispensable presentar la solicitud de pensión firmada y recibida por la DGJP, certificaciones laborales que acrediten los años de servicio y la constancia de estar inscrito en el sistema de Reparto Estatal.
Si el trabajador viene de una Cuenta de Capitalización Individual (CCI), deberá gestionar su retorno al sistema estatal a través de la comisión interinstitucional del Consejo Nacional de Seguridad Social.
Quien esté en este proceso tendrá 60 días calendario para completar su expediente. Si necesita más tiempo, podrá pedir una prórroga de 30 días, siempre que justifique la solicitud.
Responsabilidades compartidas
Las oficinas de Recursos Humanos tendrán un papel clave: conservar el historial de servicios de cada empleado desde el primer día y llevar un registro electrónico con alertas sobre el tiempo trabajado según la Ley 379-81. Las autoridades institucionales, por su parte, deberán facilitar todos los documentos que el trabajador necesite.
Pero la responsabilidad no es solo de las instituciones. El servidor público debe entregar toda la documentación requerida para que su expediente avance. Sin esos papeles, el trámite ni siquiera se considerará iniciado.
Con esta resolución, el Estado busca que el derecho a la jubilación deje de ser un recorrido lleno de obstáculos y se convierta en un proceso claro, ordenado y a la altura del servicio público que los trabajadores han ofrecido durante años.
Antes de la resolución: un laberinto burocrático
Hasta ahora, entrar a la nómina de prepensión podía convertirse en un proceso agotador. Los servidores públicos, en muchos casos con más de 30 años de servicio, se veían atrapados entre solicitudes repetidas, documentos perdidos, falta de coordinación entre oficinas y largos periodos de espera sin respuesta clara.
Algunos debían desplazarse varias veces a Santo Domingo desde provincias lejanas, solo para descubrir que faltaba una certificación que nunca les habían pedido antes. En otros casos, los expedientes “dormían” meses en una institución sin pasar al siguiente paso.
Esa falta de protocolos claros no solo generaba frustración y desgaste emocional, sino que dejaba a muchos trabajadores sin el ingreso que les correspondía por derecho mientras esperaban su pensión.
El peso del cambio: un proceso estandarizado
Con la nueva resolución, el papel de cada institución queda definido. El MAP coordina, la Sipen regula y la DGJP ejecuta. Se eliminan las rutas improvisadas y se crean tiempos límite que obligan a las entidades a actuar.
Además, se exige un registro laboral digital desde el primer día de trabajo, lo que evitará que, 20 o 30 años después, sea necesario reconstruir la historia laboral con documentos dispersos.
Casos que marcaron la necesidad de reformar
En 2023, la DGJP recibió más de 3,200 solicitudes de ingreso a nómina de prepensión. De estas, cerca del 40% presentaban problemas por falta de documentos o incongruencias en las certificaciones de tiempo de servicio.
Hubo casos de docentes que, tras retirarse, tardaron más de un año en recibir su primera pensión. También policías y empleados administrativos que quedaron en un limbo sin salario ni pensión durante meses.
Estos episodios fueron parte de los argumentos que impulsaron a las autoridades a poner por escrito y unificar el procedimiento, evitando que cada institución aplicara criterios distintos.
Lo que se espera a partir de ahora
La meta es que el tiempo promedio entre la solicitud y la inclusión en la nómina de prepensión no supere los tres meses, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos. También se espera reducir en al menos un 50% los casos devueltos por expedientes incompletos.
Para los servidores públicos, esto significa certeza y previsibilidad: saber qué papeles presentar, cuándo y a quién. Para el Estado, representa orden administrativo y menor gasto en gestiones repetitivas.
En palabras de un funcionario del MAP:
“El Estado no puede fallarle a quien ha entregado su vida laboral al servicio público. Esta resolución no es un favor, es cumplir con la ley y con la gente”.
Con esta medida, se espera que el camino hacia la jubilación deje de ser un terreno incierto y se convierta en un trámite que respete el tiempo y el esfuerzo de los trabajadores que ya han cumplido su ciclo.