La FJT acude a la PEPCA tras escándalos. La DGCP ya ha anulado licitaciones y señalado irregularidades.
Los constantes escándalos que han rodeado al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) han escalado a un nuevo nivel. A raíz de las denuncias públicas y los hallazgos de irregularidades en informes oficiales, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha decidido dar un paso más allá, presentando un sometimiento penal contra el actual director del INABIE, Víctor Castro, ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La FJT, una entidad cívica, que dice sentirse comprometida con la transparencia, ha tomado esta acción después de que el INABIE se viera envuelto en una serie de controversias, cuestionadas en los medios de comunicación y en programas de investigación.
A estas acusaciones se suman los informes de la Contraloría y una investigación de oficio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), que ha confirmado la existencia de irregularidades y ha ordenado la suspensión de varias licitaciones.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, explicó que con esta denuncia se busca que la PEPCA inicie una investigación exhaustiva de todos los procesos de contratación pública llevados a cabo por el INABIE.
La Fundación expresó su preocupación por la frecuencia con la que las actuaciones de Víctor Castro han sido cuestionadas, tanto por los medios de comunicación como por los propios oferentes.
La DGCP ya ha actuado al respecto. En la Resolución RIC-0106-2025, el órgano regulador confirmó violaciones al debido proceso en la Licitación Pública Nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
La DGCP ha ordenado no solo la nulidad de las adjudicaciones a varias empresas, sino que también ha solicitado al INABIE que identifique a los funcionarios responsables que aún permanezcan en la institución.
Además, la DGCP ha anunciado que iniciará un procedimiento administrativo sancionador para inhabilitar de forma permanente a los proveedores que presentaron documentación alterada o falsa.
La gravedad del asunto llevó a la DGCP a remitir los resultados de su investigación a múltiples instituciones, entre ellas la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, la PEPCA, el Ministerio de Educación, Procompetencia y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Esta acción concertada demuestra la magnitud de los hallazgos y el llamado a que cada entidad, dentro de su competencia, tome las medidas correspondientes.
La FJT señaló que la crisis del INABIE es tal que la propia institución ha tenido que cancelar veinte procesos de compras ya adjudicados y ha destituido a nueve empleados y funcionarios. La FJT ha calificado esta situación como una muestra más de las irregularidades.
Finalmente, la Fundación ha lanzado un llamado directo al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, para que intervenga de forma urgente el INABIE.
La FJT advierte que la omisión ante las constantes denuncias y las acciones de los organismos de control podría convertir al ministro en "un eventual cómplice de los desafueros denunciados".
