Aunque Participación Ciudadana hubiese preferido condenas más severas y la inclusión de algunos absueltos
La sentencia del caso “Antipulpo” ha provocado reacciones inmediatas en la República Dominicana. Para Participación Ciudadana, el fallo que condena a Alexis Medina Sánchez y a otros siete implicados es un paso firme contra la impunidad. El Colegio de Abogados (CARD), en cambio, centró su mensaje en un llamado a la prudencia: acatar la decisión judicial y, en caso de disenso, recurrir a las vías legales previstas.
El veredicto, emitido por las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissell Bda. Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, declaró culpables a ocho acusados por delitos que incluyen estafa al Estado, soborno, asociación de malhechores y uso de documentos falsos. La sentencia se basa en pruebas que, según las juezas, destruyen la presunción de inocencia de los procesados.
Las penas van de tres a siete años de prisión, con multas millonarias, decomiso de bienes obtenidos mediante corrupción y cierre definitivo de empresas utilizadas para defraudar al Estado.
Aunque Participación Ciudadana hubiese preferido condenas más severas y la inclusión de algunos absueltos, considera que esta decisión envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes se amparan en vínculos familiares o políticos.
En su motivación, las juezas fueron contundentes: “OISOE es tierra de nadie, no tiene dolientes. Se ha hecho un daño profundo a la sociedad. Lo que se encontró en Salud Pública y en OISOE era un caos. La corrupción quedó evidenciada”. Una declaración que refleja la magnitud del entramado y el deterioro institucional que provocó.
Participación Ciudadana destaca que esta es también una sanción moral y social inédita, que marca un avance en la lucha contra la corrupción. Reconoce, sin embargo, que el sistema judicial aún tiene retos: ajustar las penas a la gravedad de los delitos, acortar la duración de los procesos y optimizar la presentación de pruebas.
Por su parte, el Colegio de Abogados, encabezado por Trajano Potentini, instó a respetar el fallo y recordó que existen mecanismos institucionales para impugnarlo, como la apelación o el recurso de casación.
Potentini subrayó que los jueces, amparados en la independencia judicial consagrada por la Constitución, no están obligados a justificar públicamente sus decisiones más allá de la motivación escrita en la sentencia.
“El Estado de derecho se sostiene en que las decisiones judiciales, aun no compartidas, son de cumplimiento obligatorio mientras no sean revocadas por un tribunal competente. Ignorar esto es abrir la puerta a la anarquía jurídica”, advirtió.
El CARD enfatizó que criticar es legítimo, pero debe hacerse con responsabilidad y respeto, evitando ataques personales o presiones mediáticas que pongan en riesgo la confianza pública en la justicia.
El caso Antipulpo se convierte así en un referente judicial y político. Para unos, es la prueba de que en la República Dominicana comienzan a soplar vientos de cambio; para otros, un recordatorio de que la verdadera batalla contra la corrupción apenas comienza.
