La sentencia que concluyó el caso más sonado de corrupción reciente
Santo Domingo. – El caso que mantuvo en vilo a la opinión pública dominicana durante casi un lustro, conocido popularmente como "Operación Antipulpo", llegó a su conclusión. Un proceso judicial extenso y plagado de incidentes, que inició con allanamientos en noviembre de 2020, culminó con una sentencia histórica el 13 de agosto de 2025.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Castillo, dictó un fallo que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.
La sentencia declara culpables a varios de los imputados y, al mismo tiempo, absuelve a otros, desgranando un complejo entramado de acusaciones, defensas y pruebas.
El largo camino hasta la sentencia
El 28 de noviembre de 2020, una serie de allanamientos dio inicio al proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás coimputados. Apenas unas semanas después, entre el 6 y el 8 de diciembre de 2020, el juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, impuso las primeras medidas de coerción.
La lista era extensa: prisión preventiva para siete de los acusados, incluyendo a Alexis Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez3. Para otros, como Carmen Magalys Medina Sánchez y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, se dispuso prisión domiciliaria con localizador electrónico y una garantía económica millonaria.
El caso fue declarado complejo, lo que auguraba una batalla legal prolongada. La primera señal de que el camino no sería sencillo se dio el 13 de enero de 2021, cuando la audiencia de apelación se pospuso. Sin embargo, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva para las siete imputadas iniciales.
El proceso continuó con giros inesperados, como la recusación del juez Amauri Martínez en julio de 2021, la cual fue aceptada por la Corte de Apelación.
El Ministerio Público, por su parte, solicitó una prórroga para presentar la acusación, un pedido que fue acogido por la jueza Yanibet Rivas, otorgando tres meses adicionales.
Esta etapa también vio la flexibilización de las medidas de coerción para Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes pasaron de prisión preventiva a arresto domiciliario.
El 17 de diciembre de 2021, el Ministerio Público finalmente depositó la acusación, un documento monumental de 3,445 páginas, cuya lectura por parte de la fiscalía se extendió por más de un mes en la audiencia preliminar de 2022.
Durante esta fase, el juez Deivy Timoteo Peguero tomó decisiones clave, como declarar inimputable a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos y homologar acuerdos con varios imputados.
Francisco Pagán Rodríguez y Julián Esteban Suriel Suazo se acogieron a acuerdos de cinco años de prisión, mientras que Domingo Antonio Santiago Muñoz recibió un criterio de oportunidad que extinguió la acción penal en su contra.
El juicio de fondo y las sorpresas del proceso
La fase de juicio de fondo se desarrolló en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional13. En el transcurso de las audiencias, se produjeron incidentes notables.
En diciembre de 2023, la prisión domiciliaria y el uso del localizador electrónico de Alexis Medina Sánchez fueron levantados, aunque se le impuso una fianza de sesenta millones de pesos y se mantuvo su impedimento de salida del país. Meses más tarde, el 10 de abril de 2024, Víctor Matías
Encarnación Montero, otro de los acusados, se declaró culpable y admitió haber recibido treinta y cinco millones de pesos destinados a la campaña electoral de su partido15. El proceso continuó con la incorporación de pruebas documentales y testimoniales, con un calendario que se extendió hasta 2025.
El veredicto: Condenas y absoluciones
Finalmente, el 13 de agosto de 2025, el tribunal emitió la sentencia, dividiendo el destino legal de los principales implicados. Juan Alexis Medina Sánchez fue declarado culpable de múltiples delitos, incluyendo uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, complicidad, soborno, desfalco y lavado de activos.
Por ello, se le impuso una pena de siete años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres18. También se le condenó al pago de las costas penales.
En contraste, el tribunal dictó sentencias absolutorias para varios de los coimputados, argumentando la insuficiencia de pruebas para destruir su presunción de inocencia
Entre los absueltos se encuentran figuras clave como Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo) y Rafael Antonio Germosén Andújar. La sentencia estableció que las pruebas presentadas por la fiscalía "no fueron plurales, ni contundentes" para condenar a estos individuos.
El veredicto también incluyó a otros imputados. Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable, pero el tribunal suspendió el total de su pena de cinco años de prisión, imponiéndole una serie de reglas de conducta.
José Dolores Santana Carmona fue condenado a seis años de prisión por delitos similares a los de Medina Sánchez. Wacal Bernabé Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel (alias Jhonny Brea), Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca y Rigoberto Alcántara Batista recibieron penas de cinco años de prisión.
El fallo también declaró culpables a varias razones sociales (empresas), como Domedical Supply S.R.L. y otras catorce compañías, por lavado de activos. Al mismo tiempo, absolvió a otras tres empresas, incluyendo R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., por la misma razón.
La sentencia del 13 de agosto de 2025, cuya lectura íntegra se fijó para el 25 de septiembre de 2025, puso punto final a una de las investigaciones más mediáticas y complejas del sistema judicial dominicano, dejando un balance de condenas significativas y absoluciones que seguirán generando debate.
