La organización política asegura que el descargo de sus miembros confirma la falta de objetividad en el caso.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha salido a la palestra tras la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que descargó a varios exfuncionarios y dirigentes que fueron implicados en el caso que el Ministerio Público nombró como Antipulpo.
Si bien Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado a siete años de prisión, la hermana de ambos, Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa fueron descargados.
En un comunicado contundente, la organización política afirmó que el fallo judicial es una prueba irrefutable de que el Ministerio Público actuó con “falta de objetividad, imparcialidad y con ensañamiento” en su contra.
La sentencia, que absuelve a los acusados, echa por tierra la existencia de una supuesta “estructura criminal” que, según el Ministerio Público, estuvo vinculada al partido durante más de cinco años.
“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real”, señala la declaración, que califica de infundado el intento de vincular a la organización política con actos ajenos a su naturaleza.
Una persecución disfrazada de justicia
El PLD recordó que, a lo largo de todo el proceso, las autoridades judiciales ignoraron garantías fundamentales, dañaron reputaciones y usaron filtraciones sin sustento para crear una narrativa con tintes políticos.
"La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas", afirmó el partido, que denunció que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria.
La organización política también criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, según las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el principio. "Aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente", se lee en el comunicado.
La sentencia como denuncia del "lawfare"
Para el PLD, la decisión del tribunal es una muestra de cómo se intentó reemplazar el debido proceso por una campaña de descrédito orquestada desde el poder político.
"No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del 'lawfare' (judicialización de la política)", una práctica que, según el partido, habían denunciado durante mucho tiempo.
El PLD concluye que este tipo de acciones erosionan la confianza en las instituciones y debilitan la democracia, al convertir la lucha legítima contra la corrupción en un arma de venganza y manipulación política.
La organización reafirmó su compromiso con la verdad y la defensa de las libertades públicas, prometiendo mantenerse vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar la acción política legítima en el país.
