Presentó más de 2,000 pruebas, 90 testigos y decenas de supuestas evidencias contra Alexis Medina y comparte
El Ministerio Público ha echado toda la carne al asador. En un esfuerzo que duró meses, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha presentado un expediente con más de 2,000 pruebas documentales, el testimonio de más de 90 testigos y alrededor de 86 pruebas materiales para sustentar la acusación contra Juan Alexis Medina Sánchez y el resto de la supuesta red de corrupción que, según las autoridades, desfalcó al Estado con más de 5,000 millones de pesos.
"De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperemos ahora la decisión del tribunal", declaró la procuradora de corte Mirna Ortiz al llegar al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se espera que las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo den a conocer su fallo, tras reservarse la decisión el pasado 30 de julio.
La audiencia, programada para las 11:00 a.m. de este miércoles, fue pospuesta para las 5:00 p.m., un indicio de la complejidad y el peso de la decisión que el tribunal debe tomar.
Penas solicitadas y cargos
En abril, el Ministerio Público solicitó penas severas para los acusados. La más alta, de 20 años de prisión, es para Alexis Medina, a quien se acusa de ser el cerebro detrás de un entramado de empresas que, en complicidad con funcionarios, utilizó tráfico de influencias, documentos falsos y prestanombres para desviar fondos públicos.
Para otros acusados clave como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, a quienes se les imputa el rol de prestanombres, la solicitud es de 15 años de cárcel.
Las hermanas de Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, y el expresidente de esa misma entidad, Fernando Aquilino Rosa Rosa, se enfrentan a una solicitud de 10 años de prisión. La misma pena fue pedida para otros implicados como Carlos José Alarcón y Ramón Brea Morel.
El órgano acusador también solicitó cinco años para el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, entre otros. Todos, sin excepción, enfrentarían la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, además del decomiso de los bienes incautados.
En un giro del caso, Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con la justicia, enfrenta una pena de cinco años de prisión suspendida, el pago de una multa millonaria y el decomiso de 15 millones de pesos.
Ahora, la mirada de todo el país está puesta en el tribunal. El Ministerio Público dice que ha hecho su parte, y ahora es el turno de la justicia.