Largas esperas y costos elevados intervienen cuando hay que llevar a uno de estos pacientes a un centro asistencial, mucho más si es una clínica.
Desgarrador y lastimero, o para decirlo con un término quizás más preciso: inaguantable. Es lo que pasa cuando una familia pobre o muy pobre en República Dominicana tiene entre sus miembros un paciente con trastornos mentales.
Peor aún los casos de aquellos enfermos mentales que deambulan por nuestras calles en total abandono, hasta de sus propios seres queridos.
Por lo que arrojan los numeritos, todo indica que estos pacientes no tienen quien los defienda en el sistema de salud que rige en este país, donde expertos aseguran que alrededor del 20% de su población sufre de alguna condición de salud mental, que puede incluir trastornos de conducta, problemas psicosociales, y por abuso de sustancias o adicción.
En estos tratamientos los medicamentos son exageradamente caros, inalcanzables para los de menos recursos, y los psiquiatras brillan por su ausencia en la mayoría de las provincias.
Datos recientes dan cuenta que el número de psiquiatras en el país no llega a 300, frente a una población que supera los 11 millones de personas. La Organización Panamericana de la Salud aporte el dato de que en este país hay un psiquiatra por cada 100 mil habitantes.
Un 80% de los psiquiatras nombrados en el sistema nacional de salud pública se distribuyen entre el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Duarte. Hay que imaginarse los malabares y/o inconvenientes que pasan estos pacientes en el resto del país.
Es un secreto a voces que, con la excepción de Senasa, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) se niegan a aceptar a los pacientes psiquiátricos en sus planes del seguro familiar de salud, bajo el alegato de que esos tratamientos son de alto costo y riesgo.
La Ley de Salud Mental, en su artículo 30, establece que “Toda persona que padezca algún trastorno mental tendrá derecho a recibir la atención sanitaria y social que corresponda a sus necesidades de salud, y será atendida y tratada con arreglo a las mismas normas aplicables a las demás personas con enfermedades físicas”.
Pero eso no pasa de ser letra muerta, y por extensión los 83 artículos, los 5 considerandos y 10 vistas que conforman esa ley. Porque, la inmensa mayoría de pacientes psiquiátricos no disponen de atenciones adecuadas y asequibles en hospitales y clínicas.
Y este es otro retorcimiento de la realidad: El país destina a la salud mental tan solo un 0.73 por ciento del total de gasto público de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea entre 5 y 10%.
En una reciente entrevista en un programa de televisión, el psiquiatra Ángel Almánzar, ex director de Salud Mental, afirmó que el país cuenta con menos de una cama psiquiátrica por cada 100 mil habitantes, y que lo ideal sería que se tengan seis camas psiquiátricas por ese volumen poblacional.
Lo triste de todo esto es que los pacientes con trastornos de conducta que residen en lugares apartados de los grandes centros urbanos están totalmente desprotegidos de recibir asistencia. Sencillamente, su situación es de total vulnerabilidad.
Y para concluir, Almánzar puso el dedo en la llaga, al afirmar que el país adolece de recursos humanos calificados para atender la demanda de pacientes con trastornos psiquiátricos.
“La demanda actual de pacientes en el país no está recompensada ni con los suficientes psiquiatras, ni con los suficientes enfermeros y enfermeras, ni con los suficientes trabajadores sociales, ni con siquiera los médicos familiares, que pudieran colaborar muchísimo, y tampoco con los psicólogos”. Es una verdad incuestionable, dada la triste realidad que padecen las familias que tienen entre sus miembros algún paciente psiquiátrico.
