Acusan incumplimiento en pago de incentivos durante seis años
La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) ha llevado a los tribunales a la institución donde trabajan. La acusación es directa: seis años consecutivos sin pagar los incentivos de rendimiento individual que, según aseguran, están protegidos por la ley.
La demanda, interpuesta en el Tribunal Superior Administrativo, reclama el pago de RD$580 millones por daños y perjuicios, cifra que incluye más de 300 millones de pesos en bonos correspondientes a los años 2020 a 2025.
El abogado Oliver Batía, representante de la ASP-CGR, no se guardó calificativos. “Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente”, afirmó.
Batía sostiene que los pagos reclamados no son opcionales ni discrecionales. “El derecho a esos pagos está sustentado en la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como en resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP)”, precisó.
Un caso que podría escalar
En el documento depositado ante el tribunal, la Asociación advierte que esta acción legal podría abrir el camino para nuevas demandas no solo contra el contralor Félix Antonio Santana García, sino también contra la Dirección General de Presupuesto y su director José Rijo Presbot, así como contra el propio MAP, por lo que califican como “complicidad en la retención ilegal de derechos adquiridos”.
Lo que dice la ley
La Ley 41-08 establece que la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera debe servir como base para otorgar incentivos económicos, académicos o morales. Los artículos 45 al 48 detallan que estos reconocimientos se determinan de forma objetiva y que su entrega está ligada a metas y objetivos previamente evaluados.
El Decreto 523-09 reconoce el derecho de los empleados públicos a recibir estímulos, mientras que el Decreto 527-09 señala que los incentivos deben fundamentarse en el mérito demostrado y estar contemplados en el presupuesto institucional.
En respaldo a esta normativa, varias resoluciones y circulares —como la No. 100-2018, la 041-2020, la 089-2024 y la 0035105 de 2021— refuerzan la obligatoriedad de estos pagos antes de que finalice cada año.
El reclamo de fondo
La ASP-CGR asegura que el incumplimiento reiterado ha provocado un daño acumulado que supera los 800 millones de pesos. Para Batía, el caso revela una “grave falta de transparencia” dentro de la propia institución que debería ser garante del buen uso de los fondos públicos.
Mientras el proceso avanza en los tribunales, el conflicto expone una contradicción incómoda: la entidad responsable de vigilar la correcta administración del dinero estatal está acusada de no cumplir con las leyes laborales que protege.
